El 10 de marzo de 2022 con 99 votos a favor por el Pleno de la Asamblea Nacional concedió amnistías a 268 personas entre defensores de la naturaleza y líderes sociales.
En la votación que culminó a las 04:00 también se registraron 16 en contra y 10 votaron en abstención.
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Tungurahua votación por amnistía |
| Asambleístas | Partido/Movimiento | Voto |
| Rosa Belén Mayorga Tapia | Unes | Si |
| Cristian Omar Yucailla Yucailla | Pachakutik | Si |
| Luis Esteban Torres Cobo | Tiempo de Cambio/PSC | No |
| Edwin Ramito Frías Borja | ID | Abstención |
Localidad
Los asambleístas por Tungurahua, Rosa Belén Mayorga Tapia de Unión por la Esperanza (Unes) y Cristian Omar Yucailla Yucailla de Pachakutik votaron a favor, mientras que Edwin Ramito Frías Borja se abstuvo de dar su voto. El único que votó en contra fue Luis Esteban Torres Cobo de Tiempo de Cambio/PSC.
Yucailla señaló que el costo a favor se debe a que dentro de la Constitución se avala la resistencia social, pues la población tiene el derecho a mostrar su descontento con las medidas tomadas en contra del bienestar común.
Añadió que no se debe analizar solamente las amnistías, sino que hay que hablar de los muertos que se generaron en las protestas de octubre de 2019.
“Nadie dice nada de los 11 muertos y de cómo están pasando ahora sus familias. Además, hay que hablar del detonante de esas manifestaciones, que fue que el anterior Gobierno (de Lenín Moreno) estaba tomando medidas para asfixiar al pueblo”, resaltó el asambleísta por Pachakutik.
Agregó que los representantes sociales no habrían estado involucrados en los incidentes en los edificios de la Contraloría, de Teleamazonas, entre otros.
Para finalizar, sostuvo que si alguien conoce o tiene documentos que prueben que las personas están involucradas en estos actos que están fuera de la resistencia social, deben entregarlos ante las autoridades competentes para que se sigan los procesos respectivos.
Mientras que Torres señaló que alrededor del 50% de los beneficiarios de la amnistía entregada por la mayoría de la Asamblea, no deberían haberse beneficiado de estas.
Comentó que eran personas tenían investigaciones previas, incluidos delitos de tierras y minería.
“Nuestro voto fue en contra porque lamentablemente no se hizo un análisis de cada caso, sino que se promovió una votación para todos los casos”, dijo Torres.
Añadió que los tungurahuenses deben pedirles cuentas a sus asambleístas, pues resaltó que no ocurrido en octubre de 2019 no fue una resistencia social y que, en ciudades como Quito y Ambato, se vivieron momentos realmente difíciles por la violencia, así como el cortar servicios básicos como el suministro de agua potable.
Recalcó que de los beneficiarios de las amnistías no hay un solo tungurahuense, pero debe conocerse bien cada caso.
“Ahora la sociedad cuenta con herramientas para poder pedir que esta decisión sea revocada y que quienes causaron tanto malestar sean juzgados realmente por la justicia”, puntualizó Torres.
Este medio de comunicación, vía telefónica, buscó la versión de los asambleístas Frías y Mayorga, sin embrago, no se recibió su contestación.
TOME NOTA Entre las personas que recibieron la amnistía no hay un solo tungurahuense.
Análisis
Sobre el particular la socióloga Natalia Sierra, señaló que la resistencia social es un derecho de la sociedad y que la amnistía es una decisión política con la que cuenta la Asamblea Nacional.
Añadió que, si bien esta medida puede causar cierto malestar en algún sector de la población, no se puede decir que esta es una ilegalidad.
“El descontento de la población hacia el accionar de la Asamblea, así como hacia todos los órganos gubernamentales no es por el tema de la amnistía, sino que eso es algo que se arrastra con anterioridad”, mencionó.
Mientras que el sociólogo Jorge Vásquez comentó que si bien es cierto con las amnistías sí se benefició a verdaderos líderes sociales, el correísmo y Pachakutik lo utilizaron como una “supuesta reivindicación a la lucha social, derecho a resistencia por parte de la ciudadanía; y que los dirigentes de sus tiendas políticas obtengan los beneficios de eliminación de juicios pendientes por las protestas de octubre de 2019”.
Entre estos señaló los casos más visibles: Leonidas Iza, Jaime Vargas, Paola Pabón y Virgilio Hernández.
Recalcó que en ese octubre se evidenciaron actos que no fueron protesta social, fueron actos planeados con antelación, se pudo notar en la logística en armas caseras, sitios para pernoctar los ‘protestantes’, alimentación, etc. Por lo que es lógico y evidente que la ciudadanía muestre su malestar ante la decisión de la Asamblea Nacional. (NVP)