Fueron llamados a una audiencia preparatoria de juicio. Dirigentes nacionales llegaron a apoyarlos.
Una vez más las 26 personas que fueron detenidas en Saraguro durante las protestas del 17 de agosto tuvieron que concurrir al llamado de las autoridades de justicia, que programaron una audiencia preparatoria a juicio por el delito de paralización de servicio público, por el cual se vinculó a otras cuatro personas más.
La diligencia estuvo programada para las 1130 en el auditorio Manuel Carrión Pinzano de la Corte de Justicia, el cual estuvo custodiado desde tempranas horas de la mañana por miembros de la Policía Nacional, quienes no permitieron el ingreso más que de los procesados y sus abogados, pues la audiencia no fue pública.
Ana Luía Namicela, parte del equipo de abogados de los 30 de Saraguro, explicó que la detención de las 26 personas se dio por paralización de servicio público contemplado en el Art. 346 del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo también se presentó una acusación particular por el delito de ataque y resistencia.
Referente a la audiencia preparatoria de juicio indicó que la normativa es muy clara y en consecuencia esta diligencia tiene el objetivo analizar asuntos de procedibilidad, procedimiento y competencia, por lo que esperó que se garantice el derecho a la defensa de los procesados.
Indicó que lo que esperan es que se dé un dictamen absolutorio. “Vamos a probar la inocencia de nuestros compañeros teniendo en cuenta que no han cometido ningún delito, sino que son luchadores sociales”, manifestó. La otra posibilidad es que la Fiscalía ratifique la acusación por paralización de servicio público lo que daría paso a otras etapas para el juzgamiento. (CAB)
Apoyo de Conaie
Rómulo Acacho, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Comaie), viajó a la ciudad de Loja para respaldar a los procesados. El dirigente se mostró optimista en todo momento, incluso consideró que la persecución y enjuiciamientos los hace grandes y promueven la unidad del pueblo, por lo que reiteró su apoyo en todo ámbito a los 30 de Saraguro a quien consideró como perseguidos políticos.
Acacho cuestionó que la audiencia no haya sido pública y reclamó su derecho a participar de la diligencia. “Por la disposición de este Gobierno, por miedo a este patrón, ellos están cumpliendo estas normas, siendo así nosotros no vamos tampoco a doblegar la fuerza que tenemos como pueblo”, manifestó. El dirigente considera que el Gobierno busca cualquier situación para demandar y encarcelar y de paso para hacer callar la voz del pueblo, pero que eso no los va a detener en la lucha que han iniciado.