Solo durante el fin de semana que pasó desde la Intendencia de Policía se visitó 148 establecimientos, de los cuales 31 fueron citados y 12 clausurados, según el gobernador de la provincia, Rodrigo García, quien semana a semana viene dando los detalles de estos operativos.
Wilson Rumiguano, intendente, comenta que las clausuras se dan por varios motivos como tener personas indocumentadas al interior, menores de edad, extenderse del horario permitido y no contar con el Permiso Anual de Funcionamiento (PAF), este último es el motivo que predomina actualmente en la provincia.
Hasta el mes pasado se venía clausurando a quienes no contaban con el permiso 2018 y citando a quienes no tenían el de 2019, sin embargo como ya estamos por el noveno mes de año, desde este mes quienes no cuentan con el permiso 2019 también son clausurados.
De acuerdo a la infracción la clausura puede ir de 10 a 30 días, pero si aceptan la responsabilidad se tomará en cuenta un tercio de la pena, la persona debe pagar el costo del sello y tramitar la obtención del permiso para poder reabrir su negocio.
Rumiguano recuerda que los permisos anuales se obtienen durante los primeros tres meses de cada año.
Detalles
En junio se clausuraron ocho locales, en julio 34, en agosto 24 y en lo que va de septiembre la suma ya asciende a 30, dando un total de 96 locales.
El Gobernador expresa que en su mayoría se trata no de locales nuevos, sino que vienen funcionando hace varios años. “Algunos solo tienen permisos hasta 2015, luego si llega a pasar algo en estos locales dirán que es culpa de la autoridad”, enfatizó, por eso hizo un llamado a los propietarios de los establecimientos a que obtengan los permisos. (VG)
Pago del sello
El costo del sello de clausura depende de la categoría: tiendas de abarrotes es de 98 dólares; licorerías, depósitos de cerveza restaurantes, cafeterías, plazas de comida, panaderías, supermercados, entre otros, es de 197 dólares; bares, billares, karaokes, discotecas, galleras, cantinas y moteles, es de un salario básico unificado, que es de 394 dólares y para los centros de tolerancia tiene un costo de dos salarios básicos unificados.