Se decomisaron varias evidencias. Representantes de la institución lo califican como un show político.
Presuntas irregularidades en la ampliación de la vía Quito, tramo Sueño de Bolívar-KFC, fueron los motivos para que se allanen las instalaciones del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y el domicilio de la prefecta Johana Núñez.
Eran cerca de las 10:00 de ayer, martes 23 de noviembre, cuando llegaron los funcionarios de la Fiscalía de Pichincha y policías. El procedimiento era parte de un proceso investigativo que se desarrollaba de manera reservada por un presunto acto de peculado.
La novedad tomó por sorpresa a todos, pues el equipo jurídico de la institución expresaba que jamás fueron notificados sobre el inicio de alguna investigación.
Ingresaron
Los participantes en el operativo ingresaron a la oficina de la Prefecta, donde incautaron varios documentos. Sin embargo, necesitaron otras órdenes para entrar a las demás áreas de la institución.
A la par, otro grupo de policías y funcionarios de la Fiscalía allanaban el inmueble de Johana Núñez. En este punto decomisaron celulares y documentos.
No hubo un pronunciamiento oficial de los funcionarios fiscales, pero en la página de Twitter indicaron que la investigación era por un presunto delito de peculado.
A través de esa red social también publicaron una imagen con una fuerte cantidad de dinero que encontraron en la casa de la autoridad provincial. A los pocos minutos la eliminaron sin dar explicación alguna.
Pronunciamiento
En horas de la tarde la prefecta Johana Núñez se defendió y calificó el hecho como un acto con tintes políticos, pero prefirió no revelar las identidades de las personas que estarían involucradas.
Especificó que el tema surge por la ampliación del tramo Sueño de Bolívar – KFC. Aseguró que no esconden nada, que se dieron las facilidades para el decomiso de los documentos solicitados y que la contratación con la empresa Santo Domingo Construye se realizó enmarcada en todos los parámetros de la ley.
¿El dinero?
La autoridad recordó que su familia tiene dos empresas y que las mismas generan utilidades económicas, dinero que fue el que publicó la Fiscalía y que finalmente no fue incautado. Indicó que le retiraron su celular personal, el de su esposo y varios documentos almacenados en la oficina de su domicilio. (JD)