En la agenda de la Judicatura también está la evaluación a notarios y jueces. También la implementación del expediente electrónico.
Una pugna de poder se evidencia entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía por un proceso de evaluación que debe hacerse a 845 fiscales del país.
El sistema judicial tiene a cargo este proceso. Además, debe convocar a un concurso de oposición y méritos para llenar seis vacantes de jueces y 13 conjueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esa es la deuda que Consejo de la Judicatura (CJ) tiene pendiente desde 2021.
Desde febrero de 2023, en la gestión iniciada por Wilman Terán se ha intentado avanzar en el proceso de evaluación y desempeño, no solo de agentes fiscales, sino de fiscales provinciales y fiscales de adolescentes infractores.
El 28 de abril de 2023, Terán exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a trabajar, de manera conjunta, en un proyecto de reglamento y metodología para la evaluación de la carrera fiscal. Además se busca impulsar mesas de trabajo interinstitucionales para construir los instrumentos y establecer la variables cualitativas y cuantitativas para la evaluación.
Déficit de fiscales
En su informe de rendición de cuentas de marzo de 2022, la Fiscal Diana Salazar, dijo que Ecuador requiere incorporar 577 fiscales con sus respectivos equipos para cubrir el déficit.
Actualmente hay 845 agentes fiscales y cada uno cuenta con asistentes y secretarios. Según la Fiscalía, el promedio general del país es de 4,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional es de 12.
A pesar de la necesidad para cubrir el déficit, el 26 de abril de 2023, la Fiscalía comunicó su decisión de no continuar con las mesas de trabajo hasta que la Judicatura no brinde las condiciones técnicas necesarias para desarrollar la evaluación y que garantice la participación de todos los agentes fiscales en los concursos convocados.
La Fiscal cree que la Judicatura busca aplicar una “evaluación apresurada, carente de criterios técnicos y alejados de la realidad del servidor evaluado lo cual vicia de subjetividad y discrecionalidad al proceso, que además carece de transparencia, pues solo se consideraría a un grupo limitado de agentes fiscales”, resaltó Salazar en un comunicado del 26 de abril.
Consejo Fiscal
En su momento, Salazar también se opuso a la creación del Consejo Fiscal que se incluyó en la pregunta 3 de la consulta popular que promovió el Gobierno.
El Consejo Fiscal iba a ser designado por la máxima autoridad de este organismo y pretendía garantizar la autonomía de gestión de la Fiscalía para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores. Además, apuntaba a que la Fiscalía cubra las facultades que actualmente tiene la Judicatura.
En septiembre de 2022, la Fiscal señaló que la institución necesita contar con verdadera autonomía que permita seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos, por lo que la creación del consejo es innecesaria y obstaculizaría el trabajo. Además, argumentó que la Fiscalía cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos.
Se consultó a la Fiscalía si existen acercamientos con la Judicatura que permitan superar el impasse, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (SC)
‘Afecta la tutela judicial’
Con corte a agosto de 2022, según el documento de los anexos con el que el Gobierno defendió la propuesta de crear el Consejo Fiscal, el Consejo de la Judicatura tiene pendiente de sustanciación y resolución 205 sumarios disciplinarios en contra de servidores de la Fiscalía. Tampoco ha realizado un proceso de selección de postulantes para la carrera fiscal en nueve años. Existe un déficit de 602 fiscales; debería haber 1.448 fiscales, pero solo hay 845 a escala nacional. Esto afecta la tutela judicial efectiva de la ciudadanía que permite el desarrollo del debido proceso, con el cual se regula las etapas del procedimiento; es decir, el acceso a la administración de justicia, el acceso a una defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la prueba, sentencia motivada, derecho a la interposición de recursos, etc.
Actualmente hay 845 agentes fiscales y cada uno cuenta con asistentes y secretarios.