Analistas sostienen que la derogatoria de la tabla de consumo de drogas generaría problemas al colapsado sistema carcelario
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró que “en unos 15 días” presentará una reforma legal ante la Asamblea Nacional para eliminar la tabla de consumo de drogas, lo dijo en una entrevista en radio Sucesos.
A su criterio, la normativa vigente desde 2013 representa un aliciente para el consumo interno y las actividades relacionadas con el microtráfico en el país, además del aumento de las muertes violentas; en especial las que tienen la modalidad de sicariato. Según datos oficiales, desde 2020 hasta mayo de este año se han registrado 591 personas fallecidas por métodos violentos, solo en Guayaquil.
Para Héctor Muñoz, exasambleísta independiente y experto en derecho, no es necesario que la derogatoria pase por la Asamblea porque la tabla no está inscrita en ninguna Ley, sino en una resolución.
“Esta tabla de consumo no está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ni en otra Ley nacional”, afirma.
Pero el jurista Pablo Encalada tiene otro criterio. Sostiene que si la ministra Vela pretende eliminar el porte mínimo, esto requerirá una reforma de la Asamblea Nacional; pero sí por lo contrario el fin es reformar las cantidades que se puede portar, eso se hace a través de un decreto Ejecutivo.
Sin embargo, el jurista no aprueba la penalización de los consumidores, pues -a su juicio- podría haber un problema de justicia: “por qué un consumidor tiene que ir a la cárcel, es absurdo”. Y añade que eso sin contar con el hacinamiento carcelario, que ya aqueja a los centros de privación de la libertad.
Según Ernesto Pazmiño, exdirector nacional de rehabilitación, la ONU declara en su normativa que ningún centro carcelario puede albergar a más de 500 internos y solo en Latacunga existen 5.700 personas privadas de la Libertad (PPL).
Con una población carcelaria de aproximadamente 40.000 PPL en la actualidad, los centros de rehabilitación social tienen en promedio un nivel de hacinamiento del 30%.
A lo anterior se añade que gran cantidad de los PPL del país se encuentran recluidos por delitos relacionados con tráfico de drogas.
Según cifras del Ministerio de Gobierno, de las 82.994 detenciones ocurridas el año 2020 en el país, el 14% (11.619) tenían relación con producción o tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Esto es la segunda causa de aprehensiones del año pasado.
Así mismo, entre las 56.041 personas detenidas entre enero y julio de este año, el 14% (7.845) lo fueron por casos relacionados con tráfico de sustancias prohibidas.
Y si a esas cifras se añaden las personas que sin una diferenciación entre tráfico y consumo sean aprendidas, si se elimina la tabla, el problema de sobrepoblación carcelaria sería mayor.
Juan Carlos Perea, experto en derecho penal, cuestiona qué es lo que se pretende eliminar, pues -señala- existen dos tablas. Una es la tabla de consumo, que delimita la posesión mínima de sustancias para el consumo y la otra que establece la posesión y el tipo de delito.
Para Perea, procesar a un consumidor obligaría que este tenga prisión preventiva, ocasionándole un daño psicológico a la familia y un gasto innecesario para el Estado.
Pazmiño comenta que actualmente el país genera un gasto de 800 mil dólares diarios en el sistema penitenciario.
Antecedente
La tabla se puso en vigencia en el año 2013 a través de una resolución, del extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
La norma, en su artículo 364, señala que la adicción es un problema de salud pública y se la debe enfrentar por intermedio de la prevención y control de su consumo. Esto se ratificó por la Corte Constitucional en el año 2019.
La tabla de consumo de drogas fue creada para poder diferenciar un consumidor de un traficante de droga. Pero el oficialismo considera que el aumento de consumidores está generando un incremento considerable de narcotraficantes. (GC)