El Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza para terminar con las ‘telarañas’ de cables en la ciudad. Falta un cronograma.
“A la izquierda podemos ver la iglesia de la Basílica”, dice una guía del ‘Quito Bus Tour’, a los turistas que observan la belleza patrimonial de la capital, mientras evitan golpearse con un cable que cuelga de un poste.
Los tallarines de cables que cuelgan de los postes generan contaminación y riesgos. Soterrarlos solucionaría este mal y mejoraría la calidad del servicio eléctrico (ver recuadro). Para eso, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una Ordenanza reformatoria del Código Municipal. La norma regula la infraestructura para las redes de energía eléctrica, telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia, instaladas en los bienes de dominio y uso público.
Juan Carlos Fiallo, concejal y miembro de la comisión de conectividad, señala que esta aprobación le entrega al Municipio un marco jurídico para iniciar un proyecto de soterramiento de cables.
Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo tomará, porque aún se debe realizar una planificación.
¿Saldrá del papel?
Pese a la alegría de los concejales, pueden pasar décadas para que la norma se cumpla. El proyecto depende de que se lance un concurso para una alianza público-privada y para que las instituciones de telecomunicaciones y Empresa Eléctrica cambien todo el cableado.
“Al no disponer de todos los recursos necesarios, porque soterrar toda la ciudad sale bastante”, esto puede tardar mucho, confirma Fiallo, quien agrega que la inversión se recuperaría en unos 25 años.
El Concejal detalla que este no es un servicio que se cobrará a la ciudadanía, sino que ya existe un cálculo de $3,71 por metro de cables que deberán pagar las empresas, anualmente. “En todo proyecto hay que hacer inversiones para que funcione. Porque hay que crear una infraestructura necesaria para que la operación se dé”, destaca.
Observaciones
Fiallo indica que los ediles hicieron observaciones formales al proyecto normativo, que fueron aceptadas como la referente a la tasa por los servicios que se presta por el soterramiento, que permitirá determinar cómo se cobran los valores que se deben a Quito y que se reinviertan en el soterramiento.
Con la ordenanza se delega la administración, operación y mantenimiento del sistema metropolitano de canalización soterrada municipal, a cargo de la empresa pública metropolitana encargada de la movilidad y obras públicas, para la firma de los contratos de provisión de infraestructura física por parte de las empresas prestadoras de servicio de telecomunicaciones.
Nuevos proyectos
La ordenanza determina la obligatoriedad de construcción de infraestructura soterrada para nuevos proyectos arquitectónicos, como lotizaciones, urbanizaciones, proyectos bajo régimen de propiedad horizontal y similar, donde se deberá construir una acometida soterrada desde el punto de conexión de energía eléctrica y de telecomunicaciones más cercano o factible. Así como licencias metropolitanas urbanísticas, como las autorizaciones, se emitirán bajo una plataforma digital que se creará para dichos efectos. (AVV)
Normativa sin un horizonte claro
Dario Almeida, urbanista, señala que el Municipio no ha determinado el número de cables que requieren soterramiento. Tampoco a quién pertenecen. Con esto concuerda el concejal Juan Carlos Fiallo, quien dice que la ordenanza exige que las empresas coloquen un identificativos en sus cables.
Para Almeida, la ordenanza es la punta de un gran iceberg. “Estamos hablando de que en esta administración no va a suceder. Si aún no hay una planificación tendremos que saber que puede tardar hasta dos décadas un trabajo total de soterramiento”, agrega.
Fiallo indica que no hay un tiempo, pero que todo dependerá de que “la empresas municipales coordinen entre ellas” y haya un trabajo articulado del Municipio con el Gobierno central.
Beneficios de soterrar cables
- Número de fallas disminuye ya que las redes aéreas ya no están expuestas a las tempestades con granizo, descargas atmosféricas, caídas de árboles y ramas o, en verano, a las cometas.
- Se reducen los contactos accidentales de los usuarios con las redes aéreas que en algunos casos han provocado víctimas por electrocución.
- Disminuye la contaminación visual, lo cual contribuye al turismo.
La ciudad deberá dividirse en polígonos (suma de barrios), para determinar las áreas de intervención.
“Después de cinco años, el Concejo trata una nueva propuesta para regular la infraestructura física para las redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones”, Santiago Guaredas, alcalde de Quito.
“No le puedo dar el tiempo. Decir voy a soterraR de aquí a 10 años, puede ser menos o puede ser más”, Juan Carlos Fiallo, concejal y miembro de la comisión de conectividad.