La mayoría de los vehículos y motocicletas robados se utilizan para cometer otros delitos. Gremios que van desde los bancos hasta las comercializadoras automotrices apuntan a cinco acciones para enfrentar la situación.
La inseguridad en el Ecuador requiere atención inmediata de todos los actores. En muchos de los delitos que se cometen y alimentan la inseguridad de la población, se utilizan vehículos y motocicletas robados o alterados.
Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, la Asociación de Bancos del Ecuador y los consorcios de compra programada, se necesitan acciones urgentes para frenar la escalada en los robos de vehículos y motocicletas.
La Fiscalía General del Estado, entre enero y julio de 2023, ha registrado 5.900 denuncias por robo de vehículos. Esto representa 64% más que las 3.611 denuncias del mismo periodo de 2021.
En el caso de los robos de motocicletas, se pasó 4.756 entre enero y julio de 2021 a 8.822 entre enero y julio de 2023. Aquí, el incremento es de más del 85%.
La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros informó que en 2022 el robo de vehículos y motocicletas fue de 11.372 y 14.567, respectivamente.
Esta realidad ha obligado a que algunas aseguradoras encarezcan las primas que cobran a sus clientes y que incluso nieguen seguros a ciertos modelos de vehículos con más incidencias de robos.
Por esta razón, los sectores productivos relacionados con la comercialización, el financiamiento y aseguramiento de vehículos solicitan la implementación urgente de medidas ante la creciente delincuencia.
De acuerdo con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, la Asociación de Bancos del Ecuador y los consorcios de compra programada, se necesitan al menos cinco acciones concretas:
• Modernizar el registro del parque automotor del país, lo que facilitará el acceso a la información de cada vehículo y su propietario.
• Implementar el proyecto de Identificación Digital Vehicular como una herramienta para el control de los vehículos.
• Mejorar el control para el acceso al registro de traspaso de vehículos para evitar el cambio de propietario sin contar con las garantías que impidan la comercialización o el uso indebido de vehículos robados.
• Establecer nuevos controles de acceso y capacidad de registro de los levantamientos de las garantías que pesan sobre los vehículos.
• Coordinar con la Policía y la Fiscalía las acciones que faciliten la investigación de los delitos asociados con los vehículos.
Los gremios productivos consideran que es indispensable apoyar desde todos los sectores la institucionalidad y el fortalecimiento de la acción del Estado para la lucha contra la delincuencia.
«Es el momento que el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados ejecuten acciones y dicte una política pública que permita un manejo más eficiente de los recursos e implementar acciones para limitar la acción delincuencial», concluyen. (JS)