La fiscal Diana Salazar señala que en los chats del narcotraficante, Leandro Norero, él dice que necesita que vuelvan los expresidentes del Ecuador «porque están perdiendo dinero». Se revelan al presidente que requiere la mafia por medio de siglas.
Con apenas 200 de las más de 14.000 hojas de chats que tiene la Fiscalía, la justicia ecuatoriana ha sido sacudida. Los textos encontrados en el celular del narcotraficante, Leandro Norero, muestran sus comunicaciones con funcionarios de todos los poderes del Estado: jueces, policías, fiscales y abogados.
La fiscal, Diana Salazar, en Teleamazonas, señaló que los narcotraficantes no solo infectan a la justicia, sino que necesitan control político. Para esto, los narcotraficantes como Norero «entregan favores para luego cobrárselos».
Salazar dijo que existe otra parte de los chats en los que, el llamado ‘Patrón’, dice que «necesitan que regresen los expresidentes, porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información».
Al ser consultada sobre qué expedientes son los requeridos por las mafias, Salazar respondió que se referían «al compañero de fórmula del señor Jorge Glas (exvicepresidente del correísmo)» y, agregó, que en los chats de menciona a esa personas como «RC».
La Fiscalía abrió un sitio web para que la ciudadanía acceda a los chats del Caso ‘Metástasis’ y vea como trabajaba esta estructura criminal ????. ???????? https://t.co/WaJAz86alR pic.twitter.com/4w15QLMZuz
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) December 18, 2023
Amenazas a la Fiscal
Salazar también habló sobre su seguridad. “Hemos recibido amenazas, pero confiamos que estamos del lado correcto de la historia y que Dios me protege”, dijo la Fiscal.
Caso Metástasis
Entre la noche del miércoles 13 y la mañana del jueves 14 de diciembre, d 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron más de 75 allanamientos simultáneos en varias provincias, mismos que contaron con la participación de alrededor de 900 personas, entre personal de la Institución y equipos tácticos de la Policía.
Durante los operativos, la FGE levantó como indicios:
- Cerca de 44.000 dólares en efectivo
- Tres armas de fuego
- Municiones
- Explosivos
- Sesenta y tres teléfonos celulares
- Documentos
- Computadores portátiles y se retuvo un vehículo.
Además, 31 personas fueron detenidas: jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como Juez de la Corte Nacional de Justicia. «Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas», señala la FGE.
Esta investigación se inició tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022. Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.
Salazar presentó alrededor de cuarenta elementos de convicción, entre los que constan informes técnicos periciales de audio, video y afines, en los que se detalla la materialización de la información de los dispositivos celulares analizados, el informe investigativo que contiene miles de hojas con los mensajes de Leandro Norero Tigua que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General presentó –durante seis horas, aproximadamente–todos los elementos de convicción recabados y leyó los mensajes con los que formularon cargos contra los treinta y un imputados.
Luego de 27 horas de audiencia (contando con los recesos), el juez nacional Felipe Córdova comunicó su resolución. Dictó prisión preventiva para 16 procesados: Helive A. (planificaba y direccionaba sobornos a funcionarios judiciales), Alexander N. (coordinaba red de influencias), Álex P. (subcoordinador jurídico de Corte Nacional de Justicia), Adolfo G. (juez), Mayra S. (funcionaria judicial), Santiago Z. (juez), José Luis S. (juez), Sofía G. (abogada), Emerson C. (juez), María José A. (agente fiscal), Héctor P. (agente investigador Dilat), Gabriel G. (policía), Christian S. (secretario de juez), Lenin M. (coronel de Policía), César A. (abogado) y Wilman T. (exjuez nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura).
También dictó arresto domiciliario para Ronald G. (juez), por ser adulto mayor y medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días para los otros catorce involucrados: Pablo R. (general de Policía en servicio pasivo), Braulio M. (recadero de Leandro Norero), Johan M. (juez), Glenda O.(jueza), Ángel L. (juez), Jhon C. (agente fiscal), Eddin I. (policía), Christian Ch. (agente investigador DILAT), Ángel L. (agente Dinased), Armando R. (mayor de Policía), Kevin P. (abogado), Armando F. (abogado), Daniela B. (funcionaria CRS Cotopaxi) y Dany M. (guía penitenciario). (AVV)
El teléfono de Leandro Norero delató a Wilman Terán y a otros funcionarios, ¿qué vínculos tenían?
Las cuatro formas con las que Leandro Norero compraba la Justicia