Al próximo Gobierno se le cuesta la elaboración de políticas de trabajo, gasto y manejo del sector público.
A pesar del discurso de transparencia pregonado por el Gobierno de Lenín Moreno desde el inicio de su periodo -a menos de tres meses del cambio de mando- existe información incompleta, contradictoria y poco clara en sectores importantes de la economía.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), ha incumplido su compromiso de publicar cifras de empleo mensuales durante 2021. Además, los datos correspondientes al tercer trimestre de 2020 recién se revelaron en marzo de este año, pero con la advertencia de que se cambió la metodología de cálculo.
Sin explicación, las autoridades expusieron que la información de años anteriores no puede compararse con la generada en la pandemia. Félix Casares, economista, aseguró que no entiende qué hizo el INEC porque, aunque se anunció que las encuestas ahora son mixtas (presenciales y telefónicas), no se incrementó el tamaño de la muestra. Asimismo, se consultó 2,5 veces más a hogares en Guayaquil que en Quito; y, además, dejaron de publicar cifras detalladas por ciudades y rango de edad.
Roberto Castillo, exdirector del INEC, aseguró que el proceso de desmantelamiento inició cuando la institución pasó a estar adscrita a la Presidencia de la República, en mayo 2019.
Por otro lado, José Hidalgo Pallares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), dudó que, con semejantes vacíos en las cifras, se pueda hacer una buena reforma laboral o cuantificar los resultados de la Ley Humanitaria. “La credibilidad del INEC ha sufrido un golpe durísimo”, acotó.
Manto negro sobre empresas públicas
En los cuatro años de Gobierno de Lenín Moreno, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), ha tenido ocho diferentes presidentes en el directorio. A la par, se han ido acumulando ‘zonas oscuras’ sobre el proceso de optimización que, a mediados de 2019 se aseguraba que implicaría la reducción de al menos el 10% de la nómina.
Andrea Cabrera, economista e investigadora, comentó que es indudable que ha habido recortes, pero no hay información de cuál es su real dimensión ni cómo se tomaron las decisiones. Además, luego de que en mayo de 2020 se anunciara la liquidación de entidades como Tame y Ferrocarriles, todavía persiste poca transparencia sobre el avance de los procesos, el nivel de activos y pasivos están en juego y las deudas pendientes con extrabajadores.
Entre junio y julio 2020, las autoridades de Emco ofrecieron que en la página web de esa institución se publicaría constantemente las cifras actualizadas de las empresas en vías de eliminación, pero nunca se concretó este anuncio.
El manejo poco claro se ve, por ejemplo, en el anuncio sobre la creación de una nueva empresa pública de Servicio Postal, con una inversión inicial de $10 millones, pero sin explicar cómo se asumirán los lastres de la fracasada Correos del Ecuador.
Caos en la ejecución del Presupuesto General del Estado
Como consecuencia del fracaso en la implementación del nuevo Sistema Integrado para la Administración de Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía ha tenido que recurrir a métodos manuales -más lentos e ineficientes- para cumplir con compromisos básicos como el pago de bonos sociales y nómina del sector público.
Este sistema proviene de un contrato firmado en 2015 por $60 millones, pero que ha provocado que no se tenga información actualizada de cómo va la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE), lo que, a criterio de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, suma más incertidumbre a la transición de Gobierno que debe darse en un poco más de dos meses. (JS)