Vacunarse fuera de turno no siempre es un delito, pero requiere de invesigación para comprobarlo. Hay cuestionamientos sobre la lista de vacunados VIP.
Un hombre de 55 años se volvió viral en redes, el domingo 25 de abril de 2021, cuando dejó al descubierto el momento en el que un enfermero simuló inyectar la vacuna para Covid-19 pues, aunque lo pincharon, la dosis no fue colocada.
Horas más tarde, el Ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que el enfermero y el pacientes fueron reconocidos y que el hombre finalmente sí recibió la dosis.
Sin embargo, el hombre, además de ser inoculado, fue detenido “por saltarse la fila”, ya que, según informó Jorge Wated, secretario del Gabinete Presidencial, no es de la tercera edad. “Si no es mayor de 65, preso debe ir”, enfatizó Wated.
Justicia selectiva
La publicación de Wated levantó críticas entre los internautas, quienes señalaron que otras personas que “se saltaron la fila” no fueron detenidas.
Zaida Rovira, vicedefensora del Pueblo, indicó que esto muestra una ‘justicia selectiva’ y recordó que ninguno de los involucrados, de la llamada lista VIP, han sido detenidos.
“Aprehenden a un ciudadano por ser pobre; los de la lista VIP ¿dónde están?, los tiktokers, el chef, se vacunaron a vista y paciencia de todos y no se les detuvo”, enfatizó.
Mientras tanto, Wated destacó que toda la información se sube en un sistema donde se cruzan los datos referentes a estos casos y que, este lunes 26 de abril, “ejecutarían una auditoría de los vacunados”.
La abogada constitucionalista, Angélica Porras, coincidió con Rovira. “Le detienen a este señor por saltarse la fila y no dicen ni una palabra sobre los VIP. A unos si todo el peso de la ley y a otros ni por enterados”, dijo la abogada.
Previo a la denuncia
Ambas coincidieron en que, antes de anunciar la detención de una persona, el Ministerio de Salud, junto a organismos de justicia debían recabar y aclarar “muchos elementos sobre el contexto” como por ejemplo porqué estaba ahí.
Está información fue aclarada por Wated, quien indicó que el hombre fue puesto en libertad, pero se abrió una investigación en la Fiscalía. Sin embargo, el MSP dijo que se trata de un trabajador de salud y tenía derecho a ser vacunado.
Para Rovira este tipo de actos responden al “desordenado proceso de vacunación” en el que “no hay ningún tipo de seguridad para saber quién llega y quién no a vacunarse”.
¿Y los vacunados VIP?
El proceso de vacunación en Ecuador inició el 21 de enero de 2021. Cuatro días después, se conoció que la madre del entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, fue inoculada en la residencia donde vive.
Zevallos, quien dejó su cargo el 1 de marzo de 2021, justificó el hecho diciendo que actuó como médico y como hijo. Desde entonces, una cadena de beneficiarios, que no eran parte de la fase 1 (médicos y adultos mayores), se conoció y fue denominada ‘vacunados VIP’.
Como los nombres de todos los que se saltaron la fila no han salido a la luz y se mantienen en reserva, ya que se encuentran bajo investigación por la Fiscalía.
De lo que se conoce, algunos personajes políticos fueron inoculados por invitación del Gobierno, también periodistas como Diego Oquendo y personas del entorno del Mandatario como la esposa del presidente, Lenín Moreno, y su grupo de trabajo conformado por 10 personas. Pero hubo quienes no recibieron la invitación y aún así se vacunaron.
Es el caso de dos tiktokers, estudiantes de medicina, que fueron colocados en el listado de vacunación, a mano, por un funcionario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que resultó ser padre de uno de los dos jóvenes, ninguno fue detenido, pese a que hay una investigación de curso.
Rovira dijo que, tanto en el caso del hombre de 55 años, como en el de los tiktokers, había un delito flagrante; sin embargo solo hubo una detención para el hombre que resultó ser parte del personal de un hospital.
La invitación del Gobierno no da inmunidad
Sebastián Cornejo, magíster en derecho penal, indicó que a las personas que se les encuentra en delito flagrante (vacunándose sin pertenecer a los grupos designados por el Ministerio de Salud), se les podría procesar por un posible incumplimiento de orden de autoridad competente que, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona estas faltas con penas de uno a tres años de cárcel.
Mientras que al vulnerar una lista, como pasó con los tiktokers, se podría también investigar una presunta suplantación de identidad que está tipificada en el artículo 212 del COIP y establece una pena de cárcel de uno a tres años. Mientras que la falsificación de documentos – si alguien se vacunase con una credencial falsa- está en el artículo 328 y dispone de cinco a siete años de cárcel.
Pero ¿qué pasa con quienes fueron invitados por el Gobierno?
Cornejo dice que depende de cada caso. “Dentro del COIP se establecen las conductas catalogadas como penales. Pero aquí (invitaciones) más que una falta penal se incurre en un ejercicio abusivo que perjudica a quienes tienen que ser vacunados. Lo que se genera es una afectación a los grupos de tercera edad”.
Sin embargo, la Fiscalía tendrá que determinar si los invitados del Gobierno no utilizaron su cercanía para inocularse. En esos casos incurrirán en tráfico de influencias que sí está penado por la ley.
Porras detalla que los artículos 285 y 286 determinan que los servidores públicos que prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal para beneficiar a terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Además, la persona que solicite a terceros (en el sector público) dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
“Todo dependerá de la característica de cada caso”, indica Cornejo.
Pero al igual que Porras y Rovira, Cornejo indica que “dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en algunos casos, sí podríamos estar teniendo un modelo de justicia selectiva”.
Cornejo explica que hay procesos que no se vuelven mediáticos donde la justicia se ‘dilata’ y no se cumplen con los plazos. “Cuando los casos salen en medios de comunicación la tramitación de expedientes es más rápida”. (AVV)
La vacunación VIP es una de las 96 causas abiertas en Ecuador por actos de corrupción a raíz de la emergencia sanitaria.
“El señor Wated anuncia como gran logro que se detiene a este ciudadano (…) para que la gente se olvide que no están vacunando, que un enfermero finge vacunar y se queda con la vacuna. Eso es terrible. El país tiene la duda si están siendo vacunados realmente”.
Zaida Rovira
Vicedefensora del Pueblo
Foto del momento donde fue Vacunado finalmente ( si no es mayor de 65 años, preso debe de ir) pic.twitter.com/P2kCnRHUor
— Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 25, 2021