Juicio político a Pablo Celi, calificado

Pablo Celi, contralor subrogante, permanece detenido por presuntamente haber participado en actos de corrupción.
El excontralor Pablo Celi está detenido por presuntamente participar en actos de corrupción.

Este 1 de julio se inicia la etapa de cargo y descargo del juicio planteado por Juan LLoret.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó, la tarde del 30 de junio, el juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celi. Seis puntos de supuestos incumplimientos de funciones que tienen relación con delincuencia organizada y arrogación de funciones se incluyeron.

La moción fue presentada por el legislador Pedro Velasco. Los nueve legisladores de la comisión votaron a favor de esta petición.

Desde este 1 de julio se iniciará la etapa de cargo y descargo, la misma que tiene 15 días. Tanto Celi, como el asambleísta Juan LLoret, de UNES, quien planteó el juicio político, tienen ese tiempo para presentar sus pruebas.

Juicio represado

Al interior del parlamento se debe resolver el juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno.

El plazo para su sustentación venció el 28 de mayo. No existió el informe respectivo y sus dos interpelantes, los socialcristianos, Mercedes Serrano y Dennis Marín ya no son legisladores.

En un intento por solventar este aspecto, la Asamblea designó, el 25 de junio, a Salvador Quishpe (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), como los nuevos interpelantes.

Pero la Comisión de Fiscalización no tiene en sus planes inmediatos dar trámite al tema de Ortiz. Por ello, el 29 de junio resolvieron por unanimidad, remitir un informe a Guadalupe Llori, presidenta del legislativo, recomendando el archivo del caso.

La tarde del 30 de junio, la Asamblea hizo público un comunicado en el que convocó para el 1 de julio a los legisladores, en donde se abordará el caso de Ortiz.

Censura y destitución de Celi tomaría 60 días

El procedimiento para el juicio político puede durar hasta 60 días. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) así lo determinan en la Sección III.

1.- Presentada la solicitud, la presidenta de la Asamblea, tiene un plazo máximo de 5 días para ponerla en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

2.- En un plazo máximo de 3 días se remitirá al CAL un informe técnico-jurídico no vinculante.

3.- En un plazo máximo de 10 días el CAL verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite.

4.- La presidenta de la Asamblea, en un plazo máximo de 3 días, remitirá la documentación de la solicitud de juicio político a la Comisión de Fiscalización.

5.- En máximo 5 días el presidente de la Comisión de Fiscalización pondrá en conocimiento de los comisionados la solicitud recibida.

6.- Calificado el trámite, se notificará al acusado que tendrá un plazo de 15 días, para que presente las pruebas de descargo.

7.- Habrá 10 días adicionales de plazo para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.

8.- La Comisión de Fiscalización remitirá, en un plazo máximo de 5 días, a la presidenta de la Asamblea un informe en donde recomiende el archivo o el inicio del juicio político.

9.- En un plazo máximo de 5 días, la presidenta de la Asamblea deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno.

Si Pablo Celi es censurado no podrá ejercer algún cargo en el sector público durante dos años. Así se establece en el artículo 85 de la LOFL.

Lo político y judicial avanzan a paso lento

Pablo Celi está detenido desde el 14 de abril de 2021 en la cárcel 4, norte de Quito, acusado de presuntamente ser parte de una estructura delincuencial, que operaba en Petroecuador, la Secretaría General de la Presidencia y Contraloría General del Estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió tres nuevas investigaciones. La primera se trata del posible desvanecimiento de una glosa de $112 millones a favor de la operadora telefónica Claro; la segunda es sobre un posible tráfico de influencias sobre un proyecto hídrico en Chimborazo; y, la tercera es sobre la solicitud de dinero para emitir un informe que dejaría fuera del cargo al Prefecto de Pastaza. (AS)

La responsabilidad política de un ministro de Estado se extiende hasta 1 año posterior a dejar el cargo.