El Consejo de la Judicatura anunció que apelará la decisión del juez de la Unidad Civil de Pichincha, Santiago Altamirano.
La sentencia en el caso “Las Torres” con la que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró, el 10 de febrero de 2023, culpables del delito de presunta delincuencia organizada a Pablo Celi De la Torre, a su hermano Esteban, al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores y a otras ocho personas, quedará en firme en pocos días, una vez que el juez Walter Macías Fernández retome sus funciones y notifique de la resolución por escrito a los sujetos procesales.
Macías regresará a la CNJ 47 días después de haber sido sancionado por el Consejo de la Judicatura (CJ) con una medida preventiva de suspensión por tres meses (incluida la remuneración) en su contra.
Esta sanción quedó sin efecto este 26 de junio de 2023 cuando el juez de la Unidad Civil de Pichincha, Santiago Altamirano, aceptó una acción de protección que Macías interpuso en contra del CJ para que se deje sin efecto la sanción por una denuncia presentada por Esteban Celi, uno de los procesados en ‘Las Torres’.
Uno de los argumentos de Altamirano para aceptar la acción de protección fue que en la sesión de la Judicatura no hubo los votos necesarios para sancionar a Macías y, por lo tanto, se produjo una violación a la seguridad jurídica.
Como parte de sus argumentos de defensa, Walter Macías reveló que la Judicatura resolvió su suspensión solo con los votos a favor de Wilman Terán, presidente del CJ, y el vocal Xavier Muñoz. Los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno se abstuvieron.
Espera notificación
El juez Altamirano tiene 48 horas de plazo para notificar de su resolución a las partes procesales (Walter Macías y el Consejo de la Judicatura).
Macías contó que una vez que reciba la notificación retomará sus funciones como juez de la Sala Penal de la Corte Nacional. Anticipó que, “de forma inmediata”, apenas se reintegre conjuntamente con los jueces Mauricio Espinoza y Adrián Rojas notificarán la sentencia por escrito del caso ‘Las Torres’.
El 15 de junio, mientras Macías continuaba suspendido de sus funciones reveló, en una entrevista, que el 11 de mayo, cuando iba a notificar la sentencia por escrito del caso Las Torres, fue informado por la Judicatura con la medida de suspensión.
Macías fue parte del Tribunal Penal de la CNJ que conoció el caso ‘Las Torres’ y declaró la culpabilidad de los procesados.
Por escrito
El constitucionalista Xavier Palacios dijo que la importancia de que una sentencia sea notificada por escrito, es que, en materia penal, los fallos quedan formalizados y en firme, aunque los sujetos procesales pueden presentar recursos de apelación e impugnación a las que crean que haya lugar.
Puso de ejemplo que, si en este caso, el juez Walter Macías era removido del cargo, el caso ‘Las Torres’ hubiese dado otro giro y se podría haber declarado nulo y volver a fojas cero. Explicó que, en materia penal, el magistrado reemplazante no puede dictar sentencia escrita, aunque, en febrero, el fallo fue notificado a las partes procesales de manera oral.
Xavier Palacios habló de que, justamente, la estrategia de Esteban Celi de la Torre apuntaba a buscar la nulidad de la sentencia.
El 8 de mayo de 2023, Celi había planteado una demanda de recusación en contra del juez de la CNJ, Luis Adrián Rojas para el conocimiento de otra causa que se desarrollaba en los juzgados, pero Walter Macías, que integraba el mismo tribunal con su colega Rojas, no habría puesto en conocimiento de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia lo acontecido a fin de que se realice el sorteo respectivo para reemplazar al juzgador recusado en el conocimiento del juicio principal. Según Esteban Celi, la falta de notificación le habría causado un inconveniente. (SC)
Sentencia de 13 años quedará en firme
Con la sentencia que emitió el febrero el Tribunal Penal de la CNJ, Pablo Celi y y Pablo Flores fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión, en calidad de líderes de un grupo estructurado que tenía como fin obtener beneficios económicos gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa No Limit entre 2017 y 2020.
La condena para Natalia Cárdenas, exasesora de la gerencia de Petroecuador, y Daniel Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador es de 9 años y 4 meses de prisión.
Mientras que a Luis Augusto, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Andrés L., Silvia l., y Ángelo R., el tribunal de la CNJ les impuso una pena de cárcel de 7 años por sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada.
Walter Macías reveló que la Judicatura resolvió su suspensión solo con los votos a favor de Wilman Terán y Xavier Muñoz. Los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno se abstuvieron.