Los distintos sectores del país deben aprender a establecer acuerdos con quienes piensan diferente, advierten representantes de las organizaciones civiles.
La crisis de Institucionalidad en el país es evidente. El choque de poderes dentro de las instituciones y poderes públicos llevó a Ecuador a elecciones anticipadas tras un largo conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Hoy, Ecuador observa cómo las instituciones del Poder Judicial se encuentran en un conflicto interno, la Corte Constitucional le quitó su respaldo al Consejo de la Judicatura (CJ), mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha tratado de interferir y bloquear la gestión de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Antes del decreto de “muerte cruzada”, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional no alcanzaban el 10% del apoyo popular según las encuestadoras. La Función Judicial tampoco cuenta con un apoyo importante de una población que ve en la inseguridad, la economía y la corrupción los problemas que más le afectan.
Ante esta realidad, representantes de distintos sectores hablan de recuperar la institucionalidad del país. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la primera vuelta planteó la posibilidad de una Constituyente, mientras que otros actores políticos han propuesto una Consulta Popular.
LA HORA conversó con voceros de diversas organizaciones civiles para revisar cuál podría ser el mejor camino para recomponer la credibilidad en las instituciones del Estado.
Agenda mínima
El director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, destacó que el trabajo para recuperar la institucionalidad en el país es una labor a largo plazo, e indicó que para lograrlo se requiere del accionar de varios actores relevantes de la sociedad civil, política y económica del país.
Alarcón señaló que “es imposible recuperar la institucionalidad pensando únicamente en una función del Estado”.
Advirtió que aunque la sociedad civil tiene mucho que aportar en esta compleja situación, mientras la prioridad de los titulares de las instituciones sean sus “egos y vanidades”, no se podrá avanzar en este objetivo.
Para Alarcón es “fundamental generar una agenda mínima, ni siquiera ambiciosa, que establezca los primeros pasos para recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones”.
Sin embargo, advirtió que “no hay una varita mágica para recuperar la Institucionalidad en el corto plazo, es un trabajo lento”.
También señaló que el próximo presidente, en el año y seis meses de gestión que tendrá por delante, debe sentar las bases para la recuperación de las Institucionalidad con respeto a las leyes y las instituciones. “Transformar al país de la noche a la mañana sería autoengañarse”.
Sobre la propuesta de la Constituyente, puntualizó que ya se ha demostrado que los procesos de refundación del Estado no dan resultados. “Se ha demostrado que no sirven, porque se legisla una norma suprema como un traje a la medida de los gobernantes de turno”, alertó.
Aprender a conciliar
Para la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, la falta de coordinación entre los poderes Judicial y Ejecutivo es el resultado de un poder que fue compuesto en una época que no tiene “nada que ver con la realidad actual”.
Para Hidalgo no solo esté, sino cualquier Gobierno tendrá diferencias con una Función Judicial “que ha sido contaminada, no solo por la política, sino por la corrupción. Difícilmente puede ser un aliado en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”.
Destacó que hay tareas pendientes en la sociedad ecuatoriana para poder avanzar en la recuperación de la institucionalidad, indicando que una de ellas es “el aprender a consensuar entre los actores que piensan distinto».
Apuntó que desde Participación Ciudadana desarrollan espacios para el debate y el desarrollo de acuerdos marco en cinco temas fundamentales: seguridad, modelo económico, ambiente, agenda social y el fenómeno de El Niño. “Fomentamos permanentemente estos espacios y llegamos a un punto, pero siempre ha predominado el interés político y eso es triste”, remarcó.
Uno de los principales cambios que debe desarrollar en el país para recomponer la credibilidad en las instituciones, según Hidalgo, pasa por la eliminación en primera instancia del Cpccs.
Indicó que este cambio puede llegar a través de dos vías constitucionales, una Asamblea Constituyente o una enmienda a la Constitución de la República.
“Una Constituyente permite corregir varios temas, pero es un camino bastante serio y complejo. Por un lado por el tema económico que implica su organización y por un tema político, por la actual configuración de los partidos políticos y la actoría política. ¿Quiénes van a llegar?, sería importante que representantes de la sociedad civil pudieran participar y acceder, pero es complicado”, apuntó. (ILS)
Cpccs y sistema de partidos en la mira
Fausto Camacho, representante de Voces por la Democracia, reiteró que la crisis del país no encuentra respuestas válidas por parte de los partidos políticos debido a que estos son causantes del problema que aqueja a los ecuatorianos.
Ante esta realidad, considera que las mujeres y hombres demócratas que “están preocupados por construir rutas válidas que conduzcan hacia un horizonte donde sea posible el ejercicio pleno de nuestros derechos y superar las deplorables condiciones de vida en que nos encontramos la gran mayoría de ecuatorianos”
Agregó que dentro de los pasos que deben desarrollarse para recuperar la Institucionalidad se encuentra “una reforma política que permita replantear el sistema de partidos políticos, desechando el actual y estableciendo uno nuevo; que permita la depuración de los malos operadores de justicia, jueces y fiscales, y reestructure el Consejo de la Judicatura”.
Otra acción importante debe plantear que el “Cpccs pierda la capacidad de designar a autoridades de control: CNE, TCE, Judicatura, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, superintendentes”, dijo.
Dichas autoridades, desde su punto de vista, deberían designarse por un “proceso de libre postulación, control social, preselección con méritos y oposición y designación de entre los preseleccionados por parte de la Asamblea Nacional”
Destacó que “la Consulta Popular debe ser una iniciativa ciudadana, es decir construida consensuada y convocada por la ciudadanía con el respaldo de firmas establecidas en la Constitución”.