Los funcionarios Patricio Pazmiño, Edmundo Moncayo y Johana Pesántez están en la mira por la crisis carcelaria. A puertas de que este Gobierno se vaya, un experto en Derecho dice que no importa el tiempo, hay que cumplir con la Ley.
La crisis penitenciaria no encuentra solución, mientras que los asambleístas exigen al presidente, Lenín Moreno, que destituya al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y a Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
En el camino también está lo que podría ser un juicio político contra las autoridades mencionadas, por «incumplimiento de sus funciones». Resolución promovida por el legislador Rodrigo Collahuazo.
Pero, ¿un juicio político es el camino, cuando el Gobierno está a dos meses de terminar con sus funciones?
Para el constitucionalista André Benavides, ese mecanismo es procedente y viable. También indicó que sería una buena acción para generar confianza a la ciudadanía.
Bajo la lupa
A pesar de que a los actuales funcionarios les queda dos meses y medio, Benavides explicó que de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, los ministros pueden ser enjuiciados en el ejercicio de sus funciones incluso un año después de que hayan sido cesados. “En la parte jurídica no existe limitación. No veo inconveniente que se lleve a cabo un proceso a un funcionario que no cumplió, así le falte poco tiempo, tiene que irse por incumplimiento”.
En el caso de la crisis penitenciaria, el constitucionalista piensa que las reuniones del Pleno ayudan poco, porque los funcionarios se dedican a hacer presentaciones en Power Point.
El sol no se tapa con un dedo
Para el asambleísta Héctor Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, un juicio político en la crisis que sufre el sistema carcelario no ayuda a resolver las cosas, lo que provocaría un retraso en las soluciones.
Muñoz piensa que el Legislativo no soluciona nada destituyendo a funcionarios de un Gobierno débil que está de salida. Para el legislador, el sistema carcelario tiene que ser reformado.
“El lunes hubo una resolución, la cual no apoyé, de iniciar un juicio político. Pero el enjuiciamiento tiene requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la denuncia y con el apoyo de las firmas necesarias para poder empezar el proceso”.
Muñoz afirmó también que más allá de la indignación, se tiene que trabajar con responsabilidad y llamar a una reunión inmediata al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si el tema es prevención y en ese punto hace falta una reforma legal, hay que hacerla, si es el caso de recursos, revisar la manera de conseguirlos. Por ejemplo, para Muñoz se debería analizar si existe un abuso de la medida cautelar de la prisión preventiva, incluso en está reunión estatal se debería citar al Consejo de la Judicatura.
“Para evitar el hacinamiento en nuestras cárceles, por ejemplo, se puede utilizar otras medidas sustitutivas de prisión preventiva, que según la doctrina de la última ratio (última razón), cuando las personas que están siendo procesadas justifican que tienen peligrosidad, deben ser ingresadas a un centro penitenciario, habría que revisar esa medida cautelar”. (AL)
El 23 de febrero fueron asesinados 79 presos en cuatro cárceles del país.
El proceso de un juicio político
El constitucionalista André Benavides explicó que un juicio político es un mecanismo que utiliza el Legislativo para beneficiar a la fiscalización, no sólo para la Asamblea, sino también para el país. “En un Estado de Derecho existe un sistema de pesos y contrapesos, y de acuerdo a la Constitución el control político es el medio por el cual la Asamblea sanciona, censura y destituye aquellos funcionarios que hayan incumplido funciones”.
El artículo 131 de la Constitución establece quiénes son los funcionarios sujetos a este proceso. Dentro de ello, según el especialista, se encuentran los ministros; la causal es el incumplimiento de funciones.
Cuando la autoridad no cumple con sus acciones dentro de la cartera asignada, lo que corresponde es presentar una solicitud, que es la recolección de firmas por parte de un tercio de los legisladores de la Asamblea y,posteriormente, calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
“Luego se sustancia la Comisión de control político para que presenten los alegatos de cargos y descargos y finalmente pasa al Pleno para que tome una decisión”, comentó el jurista.