Diana Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva en contra de Maribel Barreno para evitar la obstaculización del proceso, y que se ratifique la prohibición de salida del país para Morillo y Jhayya.
Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE) emitió dictamen acusatorio en contra de Juan José Morillo, y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ),y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha, por el presunto delito de tráfico de influencias, y pidió a Walter Macías, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que los llame a juicio.
Los dos primeros en calidad de coautores de la presunta infracción, y el tercer sospechoso en calidad de cómplice. El pedido de la fiscal se produjo, hoy 27 de septiembre de 2023, durante una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
La Fiscal respaldo su pedido en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La normativa dice que “Los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución que generare un beneficio económico o inmaterial favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Su pedido también se fundamentó sobre la base de 44 elementos de convicción.
Asimismo solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que, en caso de que se llame a juicio, sean destituidos de su cargo, y que la decisión se notifique a la Contraloría General del Estado para, en caso de incumplimiento de esta destitución, se sancione como corresponde, y al ministerio de Trabajo para que establezca la prohibición de ejercer cargo público.
El caso se remonta a una investigación previa iniciada por la Fiscalía por una presunta infracción que se habría registrado en junio de 2021 cuando Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una acción de protección para evitar ser removida del cargo.
La reunión en la que se habría solicitado beneficiar a Llori con el recurso judicial fue grabada por una jueza de la Corte de Pichincha. (SC)
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