La audiencia finalizó luego de escuchar las pruebas de cargo y de descargo. Ali Lozada dio 72 horas para que los 12 convocados entreguen información complementaria.
La suerte de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), de sus colegas, Augusto Verduga y Yadira Saltos (alineados al correísmo), y Jhoana Verdezoto (consejera sin afinidad política), está en manos de la Corte Constitucional (CC).
Desde este 25 de septiembre de 2023, ellos están bajo la lupa de los magistrados después de que Diana Salazar, fiscal general del Estado, en una audiencia pública convocada por la Corte, pidió su destitución por desacatar el dictamen de la CC del 7 de mayo con el que dispuso al Cpccs definitivo que no podrá revisar las decisiones tomadas por el Transitorio; entre ellas la designación de autoridades de control.
Los acusados asumieron estas funciones el 14 de mayo tras ganar las elecciones de febrero de 2023.
Respaldada por su abogado José Luis Arcos, la Fiscal atribuyó la responsabilidad de estos consejeros al haber cometido una infracción con la que se intentó revisar su designación.
Según Salazar, los consejeros han propiciado que el Cpccs sea utilizado para “concretar abusos”.
“En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la ley, a través de la destitución y sanción a todos quienes, con sus actuaciones las han pisoteado, la Corte tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen constitucional”, dijo Salazar a los jueces.
Añadió que, a pretexto de promover la participación ciudadana no se puede violentar la seguridad jurídica; transgresión que se desprende desde la aceptación a trámite de la denuncia que presentó el Colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) cuyo objeto principal fue revisar las pruebas respecto de la documentación entregada por la Fiscal al Cpccs-Transitorio (que la designó).
División en el Cpccs
Los representantes legales de Nicole Bonifaz, Andrés Fantoni (de línea socialcristiana) y Mishel Calvache también solicitaron a los jueces revisar las actuaciones de los vocales de mayoría (Vera, Verduga, Saltos y Verdezoto), y decidir lo que corresponda por intentar vulnerar el dictamen de la CC de mayo de 2019, y por existir una “vulneración flagrante” al continuar con la conformación de la veeduría.
Con la postura asumida por este grupo de minoría, que se apartó de las decisiones de Alembert Vera, se confirmó la división al interno del Cpccs que se evidenció desde fines de agosto cuando Leiver Quimis, juez de la Unidad Multicompetente del cantón Montecristi (provincia de Manabí) acogió una acción de protección y ordenó al organismo conformar una veeduría ciudadana para auditar a los jueces constitucionales.
Los cuatro consejeros que, hasta este momento, controlan el Cpccs negaron las acusaciones de la Fiscal y de sus compañeros de minoría.
Vera insistió que el organismo a su cargo no ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la Fiscal y tampoco se ha ejercido ningún proceso en su contra.
Dijo que otro hecho importante que debe ser tomado en cuenta por la Corte es hasta qué punto la ciudadanía está limitada con la autotutela institucional (que le faculta a solicitar la conformación de veedurías). Así, dejó entrever que la conformación de la veeduría para evaluar la gestión de los jueces de la Corte Constitucional estaría detenida.
Pero Gary Núñez, subcoordinador de control social del Cpccs, dijo que el proceso para la integración de la veeduría continúa, que está en la fase previa, pero aún no está en firme. Afirmó que están a la espera de una sentencia de apelación una vez que la Corte de Manabí se pronuncie, tras una audiencia convocada para fines de septiembre. Así, Núñez respondió al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, cuando éste le pidió explicaciones sobre el estado del procedimiento.
No hubo apelación
Los argumentos planteados por la Fiscal, y de los consejeros de minoría, se complementaron con una declaración de Leiver Quimis. En la diligencia virtual, él dijo que el Cpccs se adhirió a un recurso de apelación que fue planteado por la Procuraduría General del Estado (PGE) para evitar la conformación de la veeduría, pero fuera del plazo procesal (casi tres días después). Quimis también dijo a los jueces que el Cpccs no apeló verbalmente a su dictamen durante la audiencia del 29 de agosto.
El presidente de la Corte Constitucional también cuestionó al Cpccs por no haber apelado la conformación de la veeduría. ¿Hubo una adhesión a la conformación de la veeduría?
El Cpccs, a través de Ismael Merizalde, su asesor jurídico le respondió que lo que se hizo fue ejecutar una decisión del juez bajo prevenciones legales.
Augusto Verduga, consejero cercano al correísmo, defendió su gestión asegurando que no existen actos administrativos expedidos por el Cpccs donde se revise, modifique o den por extinguida la designación de la Fiscal, Diana Salazar. “Entonces, ¿cuál es el cargo de incumplimiento del dictamen de 2019?”, cuestionó. Verduga pidió tomar una decisión enmarcada en derecho. (SC)
Denuncia de Mishell Calvache
Antes de comparecer a la audiencia, Mishelle Calvache, consejera del Cpccs, formalizó ante la Fiscalía una denuncia en contra de sus colegas Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Jhoana Verdezoto por el presunto delito de fraude procesal.
Esto lo hizo ante una supuesta alteración de un documento público que Vera habría enviado a la Corte Constitucional con información aparentemente distinta al informe que la mayoría del Cpccs aprobó en junio sobre el proceso para revisar la designación de la fiscal Diana Salazar, cuya selección está blindada por el dictamen de mayo de 2019.
El viernes 22 de septiembre de 2023 Calvache publicó un mensaje en redes sociales en el que advirtió de la presunta irregularidad.
“Quiero alertar a la opinión pública que Alembert Vera envió a la Corte Constitucional un informe distinto al original que aprobó su mayoría en el Consejo de Participación sobre su pretensión de afectar la designación de la Fiscal, con la intención de tratar de evadir su responsabilidad ante la Corte”, adelantó.
Alembert Vera pidió a la consejera dejar de mentir y desinformar. “Como ya se ha hecho costumbre, usted debería alguna vez trabajar o simplemente leer los reglamentos para evitar tantas incoherencias”, le respondió.
“Los consejeros han propiciado que el Consejo de Participación Ciudadana sea utilizado para concretar abusos”.
Diana Salazar,
fiscal general del Estado.