A partir de la sentencia de la CIDH corre el plazo de un año para que el Estado acate el fallo. Aguinaga cree que la resolución sirve de precedente para cuando las actuaciones políticas están fuera del marco constitucional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó hoy, 18 de abril de 2023, al Estado con una sentencia, que fue emitida el 30 de enero 2023, que le obliga a reparar integralmente los derechos de Carlos Aguinaga Aillón, exvocal del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“El Estado es responsable por la violación de los derechos al debido proceso, la independencia judicial, los derechos políticos, el derecho al trabajo y la protección judicial en perjuicio de Aguinaga”, dice un extracto del dictamen.
#Sentencia del Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador????????. El Estado es responsable por la violación de los derechos al debido proceso, la independencia judicial, los derechos políticos, el derecho al trabajo y la protección judicial, en perjuicio de Carlos Julio Aguinaga Aillón.
(????????????) pic.twitter.com/SsI8UbAFrw— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 18, 2023
En su fallo, la Corte pide al Estado cumplir las medidas de reparación integral que implica la publicación del contenido de la sentencia en la página web de la Corte Constitucional, de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, y en los diarios de mayor circulación nacional para conocimiento de la comunidad nacional e internacional. También le ordena entregarle una indemnización.
La reparación económica será en base a un cálculo que realice la CIDH, dijo Carlos Aguinaga, al reaccionar a la decisión del organismo internacional.
El 25 de noviembre de 2004, Aguinaga fue destituido «inconstitucional e ilegalmente» por el Congreso Nacional de ese entonces en medio de un juicio político, «sin que se haya garantizado el debido proceso y sin darle oportunidad al ejercicio a la defensa»
“Esto ya es una costumbre de la clase política ecuatoriana que cree que con decisiones políticas se pueden cortar mandatos o se pueden tumbar autoridades con mayorías o minorías irrespetando la institucionalidad democrática”. Así reaccionó Aguinaga a la decisión de la CIDH.
En esa época, recordó, también le impidieron formular acciones de amparo para ejercer el derecho a la defensa ante la resolución del Parlamento.
Esto llevó a Aguinaga a que, «en legítimo uso de sus derechos constitucionales y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos», demandar al Estado para que repare material e inmaterialmente por las violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos políticos, y a su derecho al trabajo.
Aguinaga añadió que la decisión de la CIDH crea un precedente para que el Estado ecuatoriano, sus instituciones y la clase política, puedan conocer que en los actos que adoptan no se lesionen los derechos de las personas.
Relató que, durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez (PSP) fue destituido como vocal electo para el periodo 2003 al 2027 “por un acuerdo político sin justa razón para tomarse el TSE”.
Según Aguinaga, en esa época se generó un pacto político en el Congreso Nacional conformado por los entonces partidos PRE, y el PRIAN.
¿Cuáles fueron los argumentos para cesarlo en el cargo? “No hubo argumentos para la destitución, hubo una simple resolución indicando que la designación que se realizó, en enero de 2003, de los vocales de ese entonces fue mal hecha”.
El exfuncionario, comento, sin embargo, que “sencillamente” la intención era tener cuotas de poder político dentro del TSE.
“Así se ha jugado, así se sigue jugando y se juega con las instituciones democráticas en el Ecuador, aquí no hay madurez democrática, los políticos tienen intereses perversos”, expresó.
Desde que fue destituido Aguinaga no ha podido ejercer una función pública. Demandó además que no existen garantías en una democracia que cada vez ha ido deteriorando sus condiciones y no hay un mínimo de estabilidad cuando los políticos tienen otro tipo de intereses, subrayó.
“Hasta la actualidad las organizaciones políticas quieren tener el control de la Función Electoral, y de los jueces para distorsionar las instituciones democráticas”.
Cree que su caso crea un precedente no solo para lo que ahora ocurre en la Asamblea donde una mayoría intenta destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, sino con lo que ya ocurrió en el pasado cuando, por ejemplo, se tomaron la Corte Nacional de Justicia.
“La sentencia de la CIDH sirve de precedente para cuando las actuaciones están fuera del marco de la Constitución y la ley”, sentenció. (SC)