Según Fiscalía, todos los involucrados deberán asumir el pago solidario, en partes iguales, de $2.218.000 por concepto de devolución del perjuicio económico ocasionado al Estado.
Por unanimidad, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Walter Macías, ratificó hoy, 30 de enero de 2024, la sentencia condenatoria de ocho años de prisión por el delito de peculado para Walter Solis, exSecretario Nacional del Agua (SENAGUA) en el régimen correista.
Desde 2021, Walter Solis, que también tiene una sentencia en su contra por el delito de cohecho en el caso Sobornos, reside en México.
En enero de 2021, un Tribunal de Juzgamiento de la CNJ declaró culpables en el grado de autores del delito de peculado a Solis, y a Marco Rodas, excoordinador general Jurídico de SENAGUA, y los sentenció a ocho años de privación de la libertad
El delito se habría suscitado a partir del año 2012, cuando Solís se desempeñaba como titular de SENAGUA durante el correísmo, y cuando solicitó una asignación presupuestaria al ministerio de Finanzas de $8,1 millones para pagar las obligaciones de una Acta de Mediación suscrita en 2007 entre SENAGUA y una compañía privada.
Según la teoría Fiscal, dicho pago nunca fue realizado por SENAGUA, sino que se habría utilizado $2,4 millones para cancelar honorarios profesionales de abogados que actuaron en el litigio y el resto se lo devolvió a Finanzas (aproximadamente $5 millones 600 mil).
Wilson Toainga, fiscal subrogante pidió, en una audiencia del 22 de enero de 2024, que, a más de la condena de ocho años en contra del exsecretario nacional del Agua, Walter Solís, y de Marco Rodas, se investigue a otras personas que en 2021 fueron sobreseídas en este caso.
En su fallo de este martes 30 de enero, el tribunal de la CNJ consideró que los sospechosos, Ninfa Lorena Benalcázar, Cristóbal Colón Macías, Jorge Augusto Maruri y Jorge Edgar Bernal, coadyuvaron a la ejecución del presunto delito, y fueron sentenciados a ocho años de prisión y la inhabilidad para ejercer cargo público, en base al artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (SC)
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