La Corte pide a Leiver Quimis que le remita en un plazo improrrogable de 24 horas, el expediente del proceso de acción de protección interpuesto en su juzgado.
La Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional (CC) anunció hoy, 4 de septiembre de 2023, que requirió información al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); además, a Leiver Quimis Sornoza, juez de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), y a la Fiscalía General del Estado.
La decisión de la Corte se produce pocos días después de que el juez de Manabí acogió una acción de protección para que el Cpccs conforme una veeduría ciudadana para que evalúe la gestión de los jueces de la Corte Constitucional.
El 7 de mayo de 2019, la entonces CC (presidida por Hernán Salgado), por unanimidad, aprobó un dictamen que declaró que el Cpccs definitivo “no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición otorgó al Cpccs Transitorio, por lo tanto, no goza de autotutela para revisar las acciones tomadas y las competencias extraordinarias no pueden ser asumidas, homologadas, ni desconocidas por el Consejo de Participación definitivo.
La Secretaría Técnica Jurisdiccional de esta Corte requiere información a la Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Juez de Montecristi, Leiver Quimis Sornoza.
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— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 5, 2023
En un escrito de cuatro páginas, la CC pide a Leiver Quimis, le remita en un plazo improrrogable de 24 horas, el expediente del proceso de acción de protección iniciado por Betty Mercedes Moreira Marcillo, un informe del estado procesal actual, y si este ha sido elevado a la instancia superior.
A Alembert Vera, presidente del Cpccs, le solicita le remita un informe detallado, y «debidamente documentado», sobre el estado y el momento procedimental en el que se encontraría la eventual conformación de la veeduría ciudadana.
En cambio, a la Fiscalía le pide un informe individualizado sobre las acciones u omisiones que el Cpccs haya tenido como presunta inobservancia al dictamen de mayo de 2019. (SC)
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