Los jueces constitucionales pusieron objeciones a algunos artículos del decreto ley. Lasso impulsó la iniciativa para establecer herramientas de respuesta ante los efectos de desastres naturales como el fenómeno de El Niño.
Con el voto favorable de nueve jueces constitucionales, se emitió dictamen favorable al decreto de Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres. Sin embargo, los jueces constitucionales establecieron pero excepciones en algunos artículos por ser incompatibles con la Constitución.
Uno de los argumentos que Lasso para presentar el decreto ley fue que el país no cuenta con una ley orgánica para la gestión del riesgo de desastres.
En este sentido, se necesitaban herramientas para enfrentar el inminente fenómeno de El Niño, que podría generar pérdidas económica y de otro tipo. Solo en los últimos 20 años, Ecuador ha sufrido pérdidas de al menos $20.000 millones por desastres naturales.
Una de las objeciones de la Corte Constitucional tiene que ver con la propuesta de entregar títulos de propiedad a las camaroneras que se encuentren en la zona baja de la playa y la bahía. Actualmente, esas zonas están bajo la figura de concesión del Estado, el cual el propietario de estas áreas.
Esta propuesta fue rechazada por el sector de cangrejero debido a que, según sus representantes, se ponía en riesgo su economía.
Otros artículos que fueron rechazados por la Corte son: Artículo 11, cuarto inciso, numeral 6, literales a y b; además el numeral 7, literales a, b, c, d y e; y el numeral 8. Artículo 12. Artículo 13, numerales 7, 8 y 11. Artículo 14, numeral 1. Las disposiciones reformatorias y las disposiciones generales.
Con el decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres ya son tres de los siete a los que que la Corte Constitucional emite un dictamen favorable, antes fue a la reforma tributaria y el proyecto para que siga vigente el impuesto redimible a botellas plásticas.
A la par de la aprobación del decreto ley de Gestión de Riesgos y Desastres, los jueces constitucionales negaron el decreto ley sobre finanzas públicas. (JS)