Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha anuncia que preparan una demanda de inconstitucionalidad al reglamento.
La pugna entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y los gremios de abogados se agudiza. Las tensiones empezaron a raíz de un informe que la Contraloría General del Estado (CGE) emitió el 2 de mayo de 2023. Ahí se revelaron presuntas irregularidades en los sorteos de las causas a través del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). Luego, la pugna escaló con la decisión del mismo organismo del control este 30 de mayo de enviar a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe con presuntos indicios de responsabilidad penal.
La Federación Nacional de Abogados coincide con el criterio de la Contraloría de que la Judicatura no habría implementado mejoras, ni controles que garanticen el principio de transparencia, a pesar de que se alertaron de los riesgos de manipulación y vulnerabilidades en las funcionalidades del Satje.
José Alomía, presidente de la Federación, cuestionó la falta de correctivos a pesar de las advertencias. “Con este tipo de indecisiones se dejan abiertas las puertas para que algún interesado manipule el sorteo de causas”, afirmó.
El informe de auditoría de la Contraloría menciona, además, que en septiembre de 2018 se alertaron los riesgos de manipulación y vulnerabilidades en las funcionalidades, ingreso de flagrancias e ingreso histórico de causas del Satje.
Traslado de jueces
La decisión de la Judicatura por “necesidad institucional” de emitir un reglamento para viabilizar el traslado de jueces y otros funcionarios judiciales a una determinada jurisdicción del país únicamente con una decisión administrativa, es otro tema de discordia.
El abogado Ramiro García, sostiene que esto podría constituirse en una “camisa de fuerza”, porque si no acatan la decisión podrían ser removidos o enviados a una jurisdicción lejana.
La disposición también atentaría contra el derecho al acceso de justicia de los usuarios del sistema. El cambio de un magistrado a otra jurisdicción implicaría que el caso o la demanda que está sustentando vuelva a foja cero, cuando tenga que ser conocida por otro juez. Se solicitó una versión al CJ sobre esta preocupación que manifiestan los profesionales del derecho, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Videos de audiencias
Al reglamento para mover a los jueces se suma también la directriz emitida por la dirección de Gestión Procesal de la Judicatura para la transmisión en video de audiencias.
La disposición restringiría que se compartan los links en los que se transmiten las audiencias a pesar de que la ley establece el principio de publicidad de los casos judicial y mantiene la reserva solo de los procesos acerca de los delitos sexuales, violencia doméstica y casos que involucren a menores de edad o que traten temas relacionados con la seguridad del Estado.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no descartó que la próxima semana presenten una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) para detener la ejecución de estar norma.
La Judicatura se defiende. En un comunicado aclaró que la actual administración preserva el principio de transparencia.
Puntualizó que las directrices para transmisiones de video audiencias se dan en cumplimiento de la Ley Orgánica para la Transformación Digital, y tienen como objetivo principal, precisamente, el acceso de manera segura a la visualización de las audiencias que el área jurisdiccional disponga para una transmisión pública.
Las transmisiones se realizarán a través de las cuentas creadas por las direcciones provinciales de la Judicatura en la plataforma YouTube (de libre acceso, y disponible a toda la ciudadanía), y que se enlazarán con las audiencias que se lleven a cabo a través de la plataforma Zoom.
Aseguró que los links generados en YouTube, establecidos para la transmisión en vivo de las audiencias telemáticas generadas por Zoom, son públicos y accesibles a cualquier ciudadano.
Pero el CJ sí especificó que los links de acceso a la plataforma Zoom son proporcionados únicamente a las partes procesales o a los usuarios que de manera expresa hayan solicitado al área jurisdiccional la autorización para el acceso correspondiente. (SC)
‘Razones para la inconstitucionalidad del instructivo’
Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, opinó que el traslado de un juez interrumpe el trabajo en los casos en los que está actuando. El juez desarrolla un conocimiento y una comprensión profunda de los casos que maneja, y su reemplazo puede requerir tiempo para ponerse al día, lo que necesariamente causa demoras en la administración de justicia.
Además, precisó que si el traslado de los jueces está sujeto a decisiones políticas o administrativas, puede haber presión sobre ellos. “Esto puede comprometer su independencia y afectar su capacidad para administrar justicia de manera imparcial”.
“Si un juez está en medio de un caso, surge la cuestión de si el acusado tiene derecho a que su caso sea analizado por el mismo juez durante todo el proceso. Esto puede ser especialmente relevante en los procesos penales, donde la continuidad del juez es una garantía importante de un juicio justo y debido proceso”.
Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha.