Los contratos se suscribieron sin estudios y parámetros que garantizaran la experiencia de las compañías seleccionadas y se desembolsaron $1,3 millones sin sustentos, dice la Contraloría.
La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el examen especial a las contrataciones efectuadas por la embajada de Ecuador en España entre enero de 2015 y septiembre de 2021 para brindar asesoría legal, hipotecaria y asistencia psicosocial a los migrantes ecuatorianos residentes en ese país.
El informe señala que los contratos se suscribieron sin estudios completos y definitivos, y que no se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas, características de los servicios, los requisitos y parámetros que garanticen la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales. Según el informe de auditoría, estas condiciones eran necesarias para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas.
El documento del ente de control reseña, además, que entre 2015 y 2021, la embajada habría realizado pagos sin sustento por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a $ 1’305.714. Los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos.
«No se pudo corroborar que contratar a las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU fue la decisión más beneficiosa para los intereses del Estado, pues no se elaboró la cotización de activos de larga duración y servicios, requerida en la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, para validar la conveniencia de las contrataciones», agrega el informe.
#BOLETÍN I La #CGE examinó la contratación, pagos y resultados de los servicios de asistencia legal y psicosocial, en la @EmbajadaEcuESP. Los contratos se suscribieron sin estudios y parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas.https://t.co/bMSUxXZ0uG pic.twitter.com/zDqtAWZvoP
— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) May 4, 2022
La documentación que sustenta los pagos a estas compañías no se validó, de acuerdo con los términos contractuales, y las facturas no detallaron el número de personas que recibieron asistencia, medios que permiten confirmar que las actividades se cumplieron en concordancia a lo contratado, y la documentación de sustento no se archivó completa ni en orden cronológico, dificultando las tareas del equipo de control.
Imposición de responsabilidades civiles y administrativas
Frente a estas irregularidades, los auditores sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado (enero de 2015 a septiembre de 2021), entre los cuales figuran exembajadores, exencargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.
La Contraloría dio a conocer que esta información fue remitida al área de juzgamiento de cuentas para el estudio de los hallazgos, notificación a los involucrados, recepción y análisis de las respuestas y pruebas de descargo.
Antecedentes
El 13 de agosto de 2021, el Grupo Parlamentario Vox difundió en un documento de tres páginas, una declaración de Pascual del Cioppo, entonces embajador de Ecuador en España, quien confirmaba la existencia de contratos entre el gobierno ecuatoriano y el partido político Podemos. Dichos contratos se celebraban en la embajada en el país ibérico, y ante la aseveración de que los contratos eran en realidad un «trasvase (de fondos) para Podemos», Del Ciopo declaró lo siguiente en una entrevista en TC Televisión.
“Carlos, esto es un tema que…cobraban, había. Hoy por hoy he pedido, y el presidente que se lo ha comunicado…ordenó de inmediato que se suspenda la vigencia de esos contratos y no se sigan pagando las cuotas del mes de junio…”.
Ante ello, el periodista le interpeló: ¿“por qué si descubrió usted el trasvase (de esos contratos a Podemos), si vio que inclusive la esposa de Pablo Iglesias estaba vinculada a uno de esos grupos?”. El embajador respondió: “Si, señor. El presidente del Estudio Kinema es el señor Rafael Mayoral, y en el otro actúa la señora Irene Montero…llegando a 1.200.000 euros por año . Y en pandemia, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 775.000 euros; pero el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no existiese el desahucio por falta de pago de la hipoteca. Pero es que la ley española, precisamente algún tiempo atrás, impedía el desahucio”, se relata en el documento de Vox. (SC)