La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional prevé tener listo en 60 días el informe para primer debate.
La regulación o autorregulación; el Consejo de Comunicación; las garantías a periodistas; la réplica y rectificación; y el espectro radioeléctrico son los cinco puntos que causan debate en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.
Crear la nueva Ley de Comunicación es un objetivo tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Es así que el primer proyecto de ley que envió el presidente Lasso a la Asamblea Nacional fue la propuesta de Ley denominada ‘Libre Expresión y Comunicación’.
Esta semana se unificó con el proyecto de ‘Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación’ presentado por los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez.
Los puntos en consenso de estos dos proyectos son la autorregulación; pero el Gobierno se distancia de la propuesta legislativa que mantiene la creación del Consejo de Comunicación; el derecho a la rectificación; la sostenibilidad de los medios de comunicación; garantizar el 34% del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios; y garantizar la protección a los periodistas.
Estos puntos serán debatidos en el proyecto unificado de ley, que surge luego de que varios medios de comunicación y periodistas fueron censurados, sancionados e incluso penalizados por publicar investigaciones y artículos de opinión críticos al gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Esta nueva propuesta de norma es un cambio de modelo conceptual, es pasar de la censura y la regulación a la autorregulación y la responsabilidad ulterior, dice Chávez.
No obstante, la autorregulación también preocupa a Jaqueline Gallegos, del colectivo Afro Comunicaciones. Ella enfatiza que esta propuesta de ley debe garantizar el derecho a la información; pero también el derecho a la libertad de expresión con límites.
Pero advierte que esta norma debe ir más allá del mandante de turno. “No es posible crear una ley de Gobierno, una ley que cambié con cada Presidente”. Agrega, la Asamblea Nacional tiene el reto de crear una ley que recoja todas las necesidades del país.
Hasta el momento, la Comisión que analiza este proyecto de ley ha recibido 37 comparecencias de autoridades, académicos, periodistas, expertos internacionales y nacionales. Se prevé que el 25 de octubre, la Comisión presente al pleno de la Asamblea Nacional el informe para el primer debate.
Mientras tanto rige la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013, que fue reformada en 2019 y cuyo reglamento fue derogado en mayo de 2021.
- Regulación o autorregulación
La propuesta de ley se debate en medio de cuestionamientos de si continuar con la regulación por entes del Estado o apostar a la autorregulación por el propio medio de comunicación.
Y este debate se avivó con las expresiones del presentador de radio, Andrés Pellacini, quien emitió comentarios contra los grupos feministas. Una semana antes, el periodista Andrés Carrión también fue criticado por las preguntas sobre sus dotes en la cocina a Neisi Dajomes, durante una entrevista sobre su logro olímpico.
“Estas expresiones muestran que en Ecuador necesitamos una regulación a la libertad de expresión”, explicó Jaqueline Gallegos. Pero no una regulación sancionatoria, sino reparadora, sostuvo.
A criterio de Gallegos esta regulación debería tener parámetros de los estándares internacionales y deberían ser observados por la Defensoría del Pueblo, como lo señala la norma vigente.
Criterio distinto tiene Mauricio Alarcón, de Fundación Desarrollo y Ciudadanía, que asegura que la autorregulación si es posible y se la puede garantizar con un Código de Ética y Grupo interno del medio, responsable de custodiar su cumplimiento.
Esta idea se recoge en la propuesta de ley, que establece la autorregulación en el marco del respeto a los derechos humanos, los valores y las normas éticas de dicha actividad.
“La autorregulación corresponde a la libre iniciativa y compromiso voluntario de los propietarios y de los profesionales que ejercen en tales medios y el público que los recibe o protagoniza”, señala el texto.
2.- Réplica y rectificación
La norma vigente establece el derecho a la réplica y rectificación. Pero hace énfasis en que la persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que se inicien los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus competencias. Y advierte que en ningún caso la rectificación eximirá de las otras responsabilidades legales en que se haya incurrido.
La propuesta legislativa también garantiza estos derechos, pero elimina que la persona puede tomar acciones constitucionales o de otra índole. Con este criterio coincide la propuesta del Ejecutivo; sin embargo no incluye el derecho a la rectificación.
El debate en este punto gira en torno si en el género periodístico cabe una rectificación o una réplica. Alarcón asegura que sería una réplica; Gallegos enfatiza que es una réplica y rectificación.
3.- Consejo de Comunicación
En la actual Ley se eliminó la Supercom, órgano de regulación y control, pero se mantiene el Consejo de Comunicación, conformado por representantes del Estado.
En la propuesta de ley, el presidente Guillermo Lasso no incluye a un Consejo de Comunicación. Mientras que la propuesta legislativa sí.
Chávez asegura que por mandato constitucional el Consejo de Comunicación debe mantenerse en la ley; pero este no tendrá características de ente sancionador.
Dentro de sus funciones se encargaría de establecer criterios de responsabilidad ulterior de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además está conformado por representantes del Estado; de medios de comunicación, de periodistas y de la academia.
4.- Protección a los periodistas
En la vigente ley se establece que se protegerá a los trabajadores de la comunicación, que por sus actividades profesionales su vida esté en riesgo. Para lo cual se creará políticas públicas.
Sin embargo, hasta el momento el Comité para la protección para los periodistas creado en 2018 no se encuentra en funcionamiento.
En la propuesta de Lasso no se incluye la protección a los periodistas ni la obligación estatal de cuidado. En cambio, en la propuesta legislativa se contemplan 14 incisos de garantías de los periodistas y los trabajadores de la comunicación. Además de 9 obligaciones estatales con el gremio.
5.- Medio de comunicación
La ley vigente garantiza el 33% del espectro radioeléctrico a los medios públicos, el 33% a medios privados y el 34% a medios comunitarios.
Si bien la propuesta de Lasso reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, no se refiere a la distribución de los medios de comunicación.
La propuesta legislativa plantea garantizar el 34% a medios comunitarios.
Para Alarcón, esta distinción no debe ir en la propuesta de Ley de Comunicación, sino que se la puede contemplar en la Ley de Telecomunicaciones. “Tenemos una ley Frankenstein” y lo que se busca es que cada derecho esté en la ley que corresponde.
2 proyectos de Ley de Comunicación están en la Comisión
2 reformas de Ley de Comunicación están en el CAL
“Es un cambio de modelo conceptual, es pasar de la censura y la regulación a la autorregulación y la responsabilidad ulterior.
Marjorie Chávez, asambleísta