En más de un caso, las decisiones polémicas de ciertos jueces, que dilatan los procesos, se toman a vísperas de feriados.
Los jueces de Pichincha Wilson Lema y Patlova Guerra aceptaron la recusación planteada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del magistrado Fabián Fabara, a vísperas de un extenso feriado.
Con esa decisión, se retrasa aún más el juicio del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros 13 procesados por las supuestas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para la detección de la Covid-19, durante los peores días de la pandemia.
La aceptación a la recusación se dio el 22 de diciembre de 2021, a inicios de la temporada de las fiestas decembrinas. La decisión oral se dio a conocer ese día, pero los magistrados adelantaron que presentarán su resolución escrita en al menos 10 días; es decir, en enero del 2022.
A partir de esa fecha, la defensa del juez Fabara recién podrá apelar. En caso de ratificarse la decisión de Lema y Guerra, el juicio en contra de Yunda volvería a cero. Es decir, que otro tribunal será sorteado, deberá conocer el caso y se deberán llamar nuevamente a testigos.
Los usuarios en redes criticaron las “demoras” en este caso. La audiencia de juicio por peculado ya llevaba 14 días cuando fue suspendida por la recusación. Por eso Xavier Flores, abogado de Fabara, indicó que la aplicación de esta figura fue una “medida dilatoria” por parte de Yunda.
Otro hecho que llama la atención es que la recusación fue oficializada por Yunda el 21 de octubre último. Y recién el 1 de diciembre se dio la instalación de audiencia para saber si Fabara continuaba conociendo el caso o no. Unas horas después, la diligencia se suspendió.
Tuvieron que pasar tres semanas y el 22 de diciembre volvió a instalarse para dar a conocer la decisión de los magistrados a favor del exalcalde. Todo a vísperas de las celebraciones por Navidad.
El caso Yunda
Jorge Yunda y 13 personas más están procesados por el presunto peculado. Según las investigaciones, se presumen ciertas irregularidades en la compra de test de detección de Covid-19. Según la pericia contable que presentó Fiscalía, esto habría ocasionado un perjuicio de $2.2 millones.
El Tribunal estuvo integrado al inicio por Lema, Guerra y Fabara, quienes dieron inicio a la etapa de juzgamiento el 30 de septiembre de 2021. La Fiscalía presentó 100 pruebas, 25 peritos y 16 testigos.
El 21 de octubre del 2021, cuando iniciaron las participaciones de los abogados de los procesados, se produjeron los primeros incidentes. El representante legal de Yunda, Marcelo Icaza, aseguró que el juez Fabara no estaba siendo imparcial y por lo tanto presentó la recusación. La audiencia de juicio se suspendió hasta resolver ese recurso legal.
Otros casos
En redes sociales también se recordó que la jueza Patlova Guerra tuvo otros casos en los que hubo decisiones polémicas.
En la Navidad del 2019, la Fiscalía emitió un comunicado rechazando las decisiones de la jueza de Pichincha.
En Nochebuena, ella revocó la prisión preventiva en contra de la prefecta Paola Pabón, del exlegislador por el correísmo Virgilio Hernández y del activista Christian González.
La Fiscalía indicó ese año que “analizaría las acciones legales” conforme a un supuesto delito de prevaricato, que está tipificado en el art. 268 del Código Penal vigente (Coip). La norma sanciona a los jueces que “fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes”.
Según la Fiscalía, la revocatoria de la prisión preventiva se dio pese a que -durante la audiencia- los agentes fiscales expusieron “elementos de convicción” respecto a los procesados. El Ministerio Público sostuvo que ellos habrían participado en un presunto “desconocimiento a la Constitución e intento de derrocar al Gobierno” tras las manifestaciones de octubre del 2019.
El caso finalmente fue abierto por presunta rebelión. En agosto de 2020, los tres fueron llamados a juicio, pero todavía no existe una fecha de instalación para esa audiencia y el caso continúa en impunidad.
A pesar del anuncio de Fiscalía de tomar acciones legales en contra de la jueza, ninguna medida se oficializó.
Atentado contra Guerra
Óscar Caranqui, quien estaba recluido por narcotráfico en el expenal García Moreno, en Quito, tenía una lista de autoridades que podrían ser un blanco de sicariato, según datos que proporcionó la Policía Nacional en 2007. Dentro de ese listado estaba la entonces ministra juez de la segunda sala penal de la Corte Superior de Quito, Patlova Guerra.
Un año antes, el 15 de diciembre del 2006, a las 08:20, Blanca Cando, una funcionaria judicial, fue atacada por un sicario y murió con dos tiros en su cabeza. Las investigaciones arrojaron que el atentado en realidad estaba dirigido en contra de la jueza Guerra, que manejaba el caso de Caranqui. Otros atentados contra funcionarios judiciales se dieron entonces