En abril, 11 personas que fueron detenidas manejaban un centro de monitoreo desde donde observaban a sus víctimas. En la Ruta Viva, de Quito, hay nueve cámaras que ni el Municipio ni la Policía saben de quién son, aunque tampoco las retiran.
A mitad del kilómetro 001 de la Ruta Viva, en el oriente de Quito, hay tres cámaras blancas, debajo de un puente. Metros más adelante hay dos puentes más, con tres de estas cámaras cada uno. En total hay nueve dispositivos de videovigilancia que, si bien podrían parecer una medida de seguridad, demuestran la vulnerabilidad de la Capital y sus habitantes: nadie sabe de quién son.
Las autoridades desconocen quién las colocó
LA HORA consultó a siete instituciones públicas sobre quién colocó estas cámaras y en ninguna dieron una respuesta.
El ECU-911 confirmó que no trabajan con ese tipo de cámaras.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) descartó que estos aparatos sean fotorradares y apuntaron al Ministerio del Interior. Sin embargo, esta cartera de Estado, cuya responsabilidad es la seguridad ciudadana, también descartó que las cámaras sean suyas.
En el Municipio de Quito y su Secretaría de Seguridad tampoco saben quién las colocó o para qué. Lo mismo pasó con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por último, la Policía Nacional también negó saber de dónde salieron las misteriosas nueve cámaras, que hasta la fecha de hoy, siguen ahí.
Monitoreo de delincuentes
Cualquier persona, empresa o institución que coloque cámaras de video en la vía pública debe solicitar autorización del Municipio de Quito, a través de la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
Édgar Vivero, analista de seguridad informática, señala que, al menos, la Secretaría de Seguridad, debería estar al tanto de quién colocó las cámaras y, más aún, qué se está grabando y con qué objeto.
Para Vivero hay gran peligro al no conocer a quién pertenecen las cámaras. “La ciudadanía las ve y puede pensar que son colocadas por seguridad, que los están cuidando, cuando puede ser todo lo contrario”.
Existen antecedentes sobre delincuentes que usan cámaras para monitorear potenciales víctimas o sus cargamentos con droga.
En abril de este año, en un operativo en Yaguachí (Guayas) fueron detenidas 11 personas sospechosas de crímenes como extorsión, asesinato y robo en ejes viales. Para este último delito, la banda tenía un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia en las carreteras que unen Yaguachi con Durán y Milagro, informó la Policía.
Los moradores y transeúntes creían que eran cámaras de videovigilancia del ECU-911 o de la Policía Nacional.
En abril de 2022, un hallazgo similar se dio en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Policías y militares descubrieron que la zona era monitoreada por una banda narco delincuencial, que había colocado su propio sistema de videovigilancia.
También encontraron casas con puertas blindadas y rompe velocidades que los miembros de la banda construyeron con la intención de frenar a los patrulleros policiales. “Con una volqueta y una retroexcavadora se eliminaron decenas de rompevelocidades”, señaló la Policía.
Empresa señalada
Desde una de las instituciones públicas consultadas se señaló que las cámaras podrían ser de la empresa Telconet Latam, que – según su descripción en redes sociales– se dedica a ofrecer “soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades y desafíos de su negocio”.
Aunque las cámaras fueran de esta empresa, el Municipio debería tener conocimiento de cuántas son y para qué se usan. LA HORA buscó la versión de esta empresa, pero no hubo respuesta.
En Guayaquil es conocido el nombre de esta empresa pues, en 2022, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Telconet S. A. suscribieron el contrato para el servicio de monitoreo vial en unidades de transporte de Guayaquil. El contrato implicaba la instalación de cámaras y botones de pánico en 6.000 expresos escolares, unidades del sistema Metrovía, buses urbanos y taxis.
El monto del contrato, cuya terminación está prevista para el 15 de enero de 2026, fue de $6′429.856. (AVV)
‘Ciudad de nadie’
El comandante de Policía del Distrito Tumbaco, Diego Quiroga, señala que cualquier dispositivo que se coloque en el espacio público debe ser puesto a conocimiento de las autoridades municipales. Además, detalla que hay otras zonas en las que también se han colocado dispositivos que no pertenecerían a instituciones públicas.
Vivero dice que el hecho de que se coloquen cámaras, sin que ninguna autoridad esté al tanto, es un síntoma de “lo abandonada que está la ciudad”.
Agrega que en caso de que la ciudadanía vea que hay nuevas cámaras en su sector, alerte a la Policía, ya que –antes de colocar estos dispositivos– se debe socializar con la gente y detallar cuál será su función.
LA HORA, en su reportaje del 12 de abril de 2023, mostró cómo se usan drones para monitorear urbanizaciones y luego robarlas.