La rotación de fiscales, la falta de desclasificación de información y la nula voluntad política afectan el proceso de investigación del caso.
Hasta el momento, 4 de agosto de 2021, la investigación sobre la muerte de Paúl Rivas, Javier Ortega, y de Efraín Segarra, equipo periodístico de diario El Comercio, ha sido investigada por cuatro fiscales; pero ninguno ha logrado la desclasificación de la información, explica Ricardo Rivas, hermano de Paul.
Ante esta situación, la familia de los periodistas y su defensa jurídica buscan la desclasificación de la información, video y audios sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico mediante dos vías.
Una, la demanda de desclasificación de la información ante la Corte Constitucional (CC) que recayó en el despacho del juez Hernán Salgado y de la que todavía no hay respuesta.
Dos, el pedido de una reunión de trabajo con el presidente Guillermo Lasso, que preside el Consejo Nacional de Seguridad, para solicitarle la desclasificación de la información de tres actas. Esta acción tampoco ha tenido respuesta. Rivas precisa que la carta ni siquiera ha pasado de la coordinación de Secretaría de la Presidencia.
“Es necesario que haya voluntad política para proponer la desclasificación de la información – dice Rivas-. Es nuestro derecho humano acceder a la información cuando hay violación de derechos”.
Esta falta de información ha imposibilitado que el caso avance. Por ello, la familia insiste a la fiscal del caso, Johana Moncayo, llamar a rendir versión a las autoridades que conformaron el Comité de Crisis. Por ejemplo, el expresidente Lenín Moreno; el exministro del Interior, César Navas; el excomandante General de la Policía, César Merizalde; el fiscal subrogante Wilson Toainga; entre otros.
Para Rivas es fundamental que este caso se investigue a los altos mandos, porque es un
“caso político”, donde hay la responsabilidad del gobierno de Colombia y Ecuador; por eso cuestiona que se lo investigue bajo el delito de secuestro extorsivo.
Se prevé que la siguiente semana, la familia de Paúl pueda retirar las pertenencias personales de su familiar: la maleta con ropa y los accesorios que quedaron en el vehículo tras el secuestro y asesinato. Esto luego de que la fiscal lo solicitará a Criminalística. Pedido que fue negado por el anterior funcionario a cargo del caso. (MC)
Proceso en Colombia
Por el asesinato de Paul, Javier y Efraín han sido procesados y sentenciados alias Barba, Cherry y Reynel por el delito de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Además, Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’, y jefe de seguridad del Frente Oliver Sinesterra fue condenado a 28 años de prisión.
En relación a las altas autoridades, la Fiscalía de Colombia tampoco los ha investigado, señala Rivas. “Cada país quiere evadir su responsabilidad en el caso”.
El caso tiene 65 expedientes fiscales y se investiga en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía.