Rocío Erazo
El mismo día y hora en que eran posesionados los concejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) justifica la creación de esta última, “en vista de que el país vive una concentración de poderes en el Ejecutivo, que ha hecho perder al pueblo la capacidad de pensar, decir y actuar”. Su principal labor será combatir la corrupción y la impunidad en la gestión de entidades del sector público y privadas que manejan fondos del Estado.
Su creación es importante, en razón de proyectos como la reestructura de la Refinería de Esmeraldas, a un costo de 1.500 millones de dólares; la central Manduriacu, de la cual se denuncia supuestas irregularidades en los contratos para su construcción. El costo de la obra, a cargo de la firma brasileña Odebretch, habría aumentado en un 82%, al pasar de 124,8 millones de dólares a 227,3 millones de dólares.
Esta Comisión busca transparentar los millonarios contratos suscritos en los últimos ocho años por el actual gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana”.
La CNA fue creada por mandato en la convención del Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores Indígenas y Organizaciones Sociales, reunida en Riobamba el 30 de mayo de 2015. Se trata de un organismo independiente del régimen.
Está conformada por 13 representantes de varias organizaciones gremiales y ciudadanas: Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinoza, Ramiro Román, Germán Rodas, Byron Celi, Gustavo Cedeño, Mario Unda, Hernando Morales y el padre Fernando Vega.
Su presencia es por demás legal y legítima al encontrarse prescrita su figura en la Constitución vigente y por otra parte al ser una acción propia por parte de la ciudadanía ecuatoriana y sus organizaciones, con la decisión de transparentar aquellos contratos y acciones de significativa importancia en el país.