Es sorprendente la cantidad de niños abusados que existen en diferentes escuelas públicas y privadas del país por parte de docentes y personal administrativo. Sobre todo porque esta problemática no es de ahora, sino que existe desde hace varios años. Las investigaciones realizadas por varios medios de comunicación dan cuenta de ello. Desde 2014, la cifra bordea los 900 casos de abuso.
Este grave problema se asemeja mucho al generado por varias congregaciones de la Iglesia Católica durante décadas en Occidente. Al principio un completo silencio hasta que alguien descubre el problema. El modo de proceder de las autoridades de algunos establecimientos ecuatorianos con respecto a los “abusadores” ha sido igual al que muchas autoridades de la curia practicaron durante décadas: Cambiar de sede o de distrito al agresor.
La misma práctica perversa en la cual son tan culpables tanto los unos como los otros. Por otra parte, pero al mismo tiempo de estos hechos, los defensores de la familia tradicional han elevado su voz a propósito del tratamiento de la Ley de la violencia contra la mujer que se discute al interior de la Asamblea. “No te metas con mis hijos”, han dicho los grupos extremistas. Entre otros aspectos, están en contra de que en los currículos educativos se incluyan temas de género, educación y diversidad sexual.
El nefasto ‘Plan Familia’ del gobierno de Correa, inteligentemente eliminado por Moreno, quiere volver a imponerse. Los padres de familia tienen todo el derecho de defender a sus hijos. Claro que sí. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Sí. Sin embargo, es necesario reflexionar en torno a que la diversidad sexual no constituye una desventaja. Que es tan natural como la heterosexualidad (no, digo normal, porque la normalidad viene de norma y la norma ha sido heterosexista y excluyente).
Muchos de esos niños o adolescentes, hijos de las familias que condenan lo diverso pueden ser parte de la diversidad. Seguro. Es natural. De allí, la necesidad de educar a los menores en temas de diversidad. Es su derecho saber que no pueden discriminar ni ser discriminados.