BOGOTA
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, endurecisu posici frente a los paramilitares de extrema derecha, a los que acusde quererlo asesinar, y frente a las FARC, a las que les reiterque no permitirque impongan un acuerdo humanitario bajo sus condiciones.
La presidencia de la Replica emitieste martes un comunicado de nueve puntos en que el gobierno fija posiciones sobre aspectos del conflicto interno, y en que hace serias advertencias a paramilitares y guerrilleros.
En el comunicado se sela que «a las conocidas y reiteradas amenazas contra el presidente de la Replica por parte del ELN y las FARC, se han sumado en las timas semanas amenazas de sectores de autodefensas y narcotraficantes».
En momentos en que las negociaciones con los paramilitares -iniciadas en julio del a pasado- se encuentran en un momento crico, la presidencia sela que este proceso «no puede avanzar en medio de violaciones al cese de hostilidades, vendetas, negocios de narcotrico, ni enfrentamientos entre grupos criminales».
«Si las autodefensas quieren avanzar en un proceso serio, deben demostrar su voluntad de paz aceptando una zona de concentraci, con reglas claras y bajo verificaci de la OEA. Deben avanzar hacia la desmovilizaci. De lo contrario el Gobierno los seguircombatiendo hasta acabarlos», sela.
Este comunicado se produce un d despu de que el presidente Uribe denuncique los paramilitares del Casanare est exigiendo a los alcaldes de ese oriental departamento porcentajes en los contratos plicos.
Esta situaci con los paramilitares se produce en un contexto extremadamente difil de cara al proceso de paz que se desarrolla con esa agrupaci de extrema derecha desde el a pasado y que busca sacar de la guerra a unos 16.000 a 20.000 hombres antes del final de 2005.
El proceso, que ya ven con dificultades, se empantantras la desaparici el pasado 16 de abril de Carlos Casta, cabeza visible de la negociaci de los paramilitares con el Gobierno, tras un incidente armado confuso al norte del pa que no ha podido ser aclarado.
Diferentes versiones dan cuenta de la muerte de Casta, de su secuestro e inclusive de una estrategia suya para entregarse a las autoridades estadounidenses. El gobierno ha pedido a los paramilitares aclarar esta situaci.
Frente a la guerrilla, el comunicado presidencial testimonia un endurecimiento del gobierno en materia de un acuerdo humanitario con las FARC que permitir la liberaci de secuestrados por rebeldes en prisi.
«El gobierno comprende el dolor de los secuestrados por las FARC y sus familias. El Gobierno persistiren su polica de seguridad democrica, uno de cuyos principales resultados es la reducci en un 25% del secuestro el a pasado y en un 65% en lo corrido de este a», sela el comunicado.
Agrega que «el Gobierno no permitirque las FARC, a trav de amenazas, impongan un acuerdo humanitario con condiciones que debiliten la polica de seguridad democrica».
Las FARC han presionado en varias ocasiones la realizaci de este acuerdo, y para poder realizarlo tienen en su poder a una veintena de policos, unos 50 uniformados (algunos de ellos desde hace m de seis as) y tres norteamericanos.
Distintos analistas han indicado que para las FARC la realizaci de este acuerdo es crucial por la necesidad de fortalecer algunos de sus frentes con los hombres que salgan de prisi.
Tambi el gobierno colombiano le hace una advertencia a todos los grupos irregulares, al indicarles que Colombia seguircon su polica de extradici, una medida que ha sido considerada como obstulo para eventuales diogos de paz.
(AFP)