Redacción, QUITO
Esta mañana, la fiscal general (e), Ruth Palacios, formuló cargos en contra del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero y de los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Cecilia Santillán, Walter Olaya y Jorge Garzón, como autores del delito de peculado.
Para ellos solicitó medidas cautelares durante el periodo de instrucción fiscal que inicia hoy, según lo dispuso el juez nacional Luis Enríquez. La fiscal presentó, durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó esta mañana en la Corte Nacional de Justicia, los elementos de convicción en contra de los exfuncionarios.
La investigación inició con un informe con indicios de responsabilidad que hizo la Contraloría a los gastos especiales de la Senain. Allí se identificó la operación Caminito, por la que habría existido un perjuicio para el Estado de alrededor de 100.000 dólares.
Según la teoría de la Fiscalía, la Senain contrató a un supuesto ‘hacker’ como informante para que proporcionara información sobre una presunta vulneración a las cuentas y claves personales de altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
Sin embargo, de los elementos recabados por Fiscalía el informante alias ‘Ruso’ no existió debido a que se pidió verificar su pasaporte español, pero este no existe.
Con estos elementos se abrió la instrucción fiscal que durará 90 días. Para esto, el juez aceptó dictar prisión preventiva en contra de Romero, mientras que la presentación ante el presidente de la Corte Provincial del Guayas cada 15 días y la prohibición de salida del país para los otros tres vinculados. Además, se aceptó la enajenación de bienes y la retención de fondos hasta por 100.000 dólares.
Romero es prófugo de la justicia por el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda y existe un proceso de extradición en curso en España, donde reside actualmente. (AGO)