Quito intenta establecer una norma para el soterramiento de cables de electricidad y otros servicios. Con la medida se intenta combatir uno de los principales problemas de contaminación visual en la ciudad.
El proyecto de ordenanza se analiza en la Comisión de Conectividad del Concejo Metropolitano con la idea de entregar una licencia especial de construcción siempre y cuando las empresas privadas firmen “acuerdos asociativos con el Municipio” para la canalización subterránea de sus redes.
Se trata de la Licencia Metropolitana Urbanística 40 mediante la cual la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda autoriza o no “el aprovechamiento de espacio público para el despliegue de las redes de servicio”.
“Estos contratos tienen por objeto regular y determinar las condiciones de colaboración público-privada de las empresas públicas metropolitanas, para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura civil subterránea, específicamente para la instalación de ductos de telecomunicaciones en el espacio público, de conformidad con el Plan de Intervención”, señala la propuesta.
El documento empieza a tramitarse luego de dos años que la Corte Constitucional y el Ministerio de Telecomunicaciones establecieran límites en el cobro a los operadores de telecomunicaciones por concepto de tasas por uso de espacio público, en el caso de Quito, por uso de los postes de la Empresa Eléctrica Quito. (JCER)