Tras su aprobación en la Asamblea Nacional el pasado jueves, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales continúa siendo criticada por sectores indígenas y sindicales. La normativa, según el oficialismo, busca regular el uso y el acceso a la propiedad de la tierra rural y garantiza la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas.
Sin embargo, organizaciones indígenas dicen que la norma favorecerá a la gran industria alimentaria del país, en detrimento de los sectores empobrecidos.
El presidente de la Comisión legislativa de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, aseguró que esta Ley “responde a las necesidades actuales y estratégicas del país” y promueve “todas las formas de inversión, la redistribución de la tierra a organizaciones de campesinos pobres para fomentar la productividad” y solucionar el problema de la pobreza extrema en el sector rural.
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, aseguró que en la Ley se le dan demasiadas atribuciones a la Autoridad Agraria Nacional.
Esta preocupación también es compartida por sectores de oposición como la legisladora Mae Montaño, de CREO, y por el presidente de la Conaie, Jorge Herrera.
Página B1