En Quito se decidió conformar una alianza para defender a los afectados. Hay casos en todos los continentes.
La situación que atraviesan millones de personas en el mundo que están en riesgo de ser desalojadas de asentamientos humanos catalogados como ilegales tuvo ayer eco en la conferencia Hábitat III, que se realiza en Quito.
Dirigentes de varias agrupaciones sociales demandaron que la ONU se convierta en una instancia mediadora para solucionar estos conflictos que no solo se dan en países en vías en desarrollo, sino también en otros como Estados Unidos o Francia.
En un foro con la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Fartha, se identificaron por lo menos siete casos como los más representativos en todo el mundo y le pidieron que intervenga.
Entre ellos al de la isla de Muisne (Esmeraldas), donde activistas aseveraron que se pretende desalojar a sus habitantes para dar paso a un proyecto turístico, aunque el Gobierno aduce que esto se dará porque el terreno no resiste a terremotos.
También el de Isidora, en Brasil, donde 8.000 familias (30.000 personas) están en vilo ante el riesgo de ser desalojadas para un millonario proyecto inmobiliario, manifestó María Eugenia Trombini, de la organización Brigadas Populares.
“Son tres ocupaciones de tierra: Magdalena, Esperanza y Victoria. La Policía está autorizada a entrar y hacer el desalojo en cualquier momento. Sabemos que eso va a provocar muerte y caos urbano”, apuntó.
Igualmente en Taiwán, Hung-Ying Chen, líder de una organización social, aseveró que hay más de 50.000 personas que están amenazadas de ser “echadas a la calle”, principalmente en zonas cercanas a aeropuertos que van a ser ampliados.
“Se puede conformar una alianza global a partir de este encuentro. En Asia vamos a hacer un observatorio para estos casos”, mencionó.
Acuerdo
Joan Uribe, representante de la Federación Europea de entidades que trabajan para las personas sin hogar, manifestó que esta situación, “en lugar de ir mejorando ha ido empeorando” en todo el planeta.
“Las personas sin hogar son entendidas en todo el mundo como una especie problemática que está en esa situación, en parte, porque lo ha decidido. Pero sabemos que no es así, es un problema de derechos y de no reconocimiento de derechos”, expresó.
Al final, en el foro donde también participaron arquitectos y urbanistas ecuatorianos, pero fue notoria la ausencia de activistas nacionales, acordaron con la relatora conformar una alianza para que vigile el derecho de las personas en esta condición. (RVD)
‘Los intereses son grandes’
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, reconoció que la Nueva Agenda Urbana que se redacta en la Conferencia Hábitat III no aborda este problema directamente. Señaló que “los intereses en juego son grandes”, pues el tema toca al negocio de los bienes raíces y la vivienda, que forma parte del Producto Interior Bruto (PIB) de los países. “Desde que asumí mi función, hace dos años, me he vuelto muy consciente de cómo el derecho a la vivienda es comúnmente dejado de lado en las agendas internacionales”.
Cifra
1,6
billones de personas en todo el mundo viven en barrios irregulares, según ONU.