Quito
La exigencia de los huelguistas de que no existan a futuro procesos legales en su contra por las acciones llevadas a cabo durante las protestas en la Amazon manten hoy estancada la negociaci para solucionar la crisis en Ecuador.
El diogo, que hoy estaba prticamente concluido, seg la alcaldesa de Francisco de Orellana, Anita Rivas, «se estanc.
«Las petroleras quieren poner una clsula para que demos todas las facilidades para las investigaciones a fin de que tomen presa a la gente que, seg ellos, han provocado desmanes», dijo Rivas.
«Nos hemos estancado en esa clsula, pues nosotros queremos que no haya ning tipo de represalia ni persecuci y peor acciones legales contra autoridades ni personas de nuestras provincias, mucho menos, del comitde paro», dijo Rivas a EFE.
El prefecto de la provincia Sucumbs, Guillermo Muz, advirtique si no se arregla ese punto «mana o pasado ser enjuiciadas o perseguidas policamente las autoridades».
Muz reclamque «el Gobierno ofrezca garants constitucionales para los ciudadanos, los dirigentes y las autoridades» de las provincias de Orellana y Sucumbs, que iniciaron una huelga el 14 de agosto en demanda de mejores infraestructuras para la zona y la suspendieron el sado pasado para posibilitar el diogo.
A causa de las protestas se redujo la producci de la compaa Petroecuador y hubo que suspender las exportaciones de petreo, que es la principal fuente de divisas del pa.
«No podemos, luego de esto, tener persecuciones policas, legales y penales», puntualizMuz en el recinto policial de Quito donde desde el lunes pasado se llevan a cabo las reuniones de las tres partes implicadas en el proceso: los huelguistas, el Gobierno y las compaas petroleras.
El ministro de Gobierno, Mauricio Gdara, se nega avalar la solicitud y a que figure en el acuerdo final, porque las autoridades no pueden «consagrar» la impunidad.
La alcaldesa de Francisco de Orellana indicque se acordque las petroleras asfalten 260 kiletros de carreteras, que otorguen a las provincias 16 puntos del 25 por ciento del Impuesto a la Renta que se entrega al Estado, y que se contrate en un 80 por ciento al personal del lugar para el trabajo.
No obstante, Rivas no se muestra satisfecha por los arreglos, «pues todos (los acuerdos) tienen clsulas para que ellos (las petroleras) puedan despu apoyarse en eso y seguir haciendo lo que les da la gana».
Entre esas clsulas mencionuna en la que las empresas se comprometen a contratar a personal local, «aunque no de forma exclusiva», por lo que «si ellos creen que no se necesita esa mano de obra, la asumir de otro lado», subrayRivas.
La televisi Teleamazonas asegura que tambi estpendiente una compensaci exigida por las compaas, que califican de millonarias sus pdidas por la huelga, que incluyel corte de carreteras, ocupaci de los pozos y corte de suministro de energ a las instalaciones petroleras.
Mientras tanto, el Parlamento continuaba hoy con el debate para propiciar el levantamiento del estado de emergencia en Sucumbs y Orellana, decretado hace una semana y que mantiene a la poblaci bajo control militar, sin derecho a la libre asociaci y coartada la libertad de expresi.
Por ello, tambi el Movimiento Popular Democrico (MPD, izquierda) pidihoy que se llame a juicio polico al ministro Gdara, al que acusan de no haber actuado de manera eficaz al no haber podido sobrellevar la paralizaci de actividades de las provincias de Orellana y Sucumbs (ambas en el noreste).
La diputada Martha Hidalgo, de Francisco de Orellana, opinque Gdara actude modo «poco prudente en las negociaciones» y dejentrever que en el juicio se investigar si hubo excesos en la «represi al pueblo».
EFE