Un caso por presunto soborno, manipulación de testigos y fraude procesal amenaza con poner ante los tribunales al expresidente colombiano.
Bogotá, 8 oct (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se pronunció este domingo por primera vez después de que la Justicia le dijera por tercera vez a la Fiscalía que hay razones para que presente cargos en contra de él, alegando que «no hay un solo elemento de prueba» en su contra.
El Tribunal Superior de Bogotá determinó el viernes pasado no archivar el caso por presunto soborno, manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente, por lo que está en manos de la Fiscalía ahora presentar cargos contra Uribe, quien podría convertirse en el primer exmandatario colombiano en ser llevado por la Justicia ordinaria al banquillo de acusados.
«No hay un solo elemento de prueba en el sentido de que algún caso fuera por mi iniciativa. Nunca tomé la iniciativa, siempre busqué que se verificara aquella injusticia contra mí», dijo Uribe a medios en Medellín.
Uribe aseguró que desde que conoció en 2011 las informaciones de «visitas a presos a quienes les ofrecían beneficios para que declararan» en su contra pidió que se investigaran y apuntó al senador Iván Cepeda, que figura como víctima del caso.
«Nunca tomé la iniciativa, siempre busqué que se verificara aquella injusticia contra mí. No hay manera de desvirtuarme, siempre pedí la verdad, nunca que mintieran o callaran. Nunca tomé la iniciativa de ofrecer dádivas o beneficios», dijo el expresidente.
El caso contra Uribe
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió en 2018 no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe dejó su escaño en el Congreso en 2020 para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía -acusada de estar liderada por una persona leal al entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022)- decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.
Tras este nuevo fallo, está en manos de la Fiscalía presentar cargos contra el expresidente para que comience el juicio en sí.
De hecho, Uribe aseguró el jueves pasado que iba a ser llamado a juicio, aunque se defendió insistiendo: «Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos (para declarar en contra del senador Cepeda). A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio».
Y hoy volvió a justificar su punto: «No hay ni un indicio, no hay una prueba que ponga poner en duda» que él no habló con ningún testigo, afirmó.
«Yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anular mis derechos electorales, para pretender anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel. Seguiremos en esta tarea», alegó el expresidente.