En los operativos militares y policiales se sigue encontrando herramientas, personas y bultos con el material.
Redacción IMBABURA
El problema de la minería ilegal en Imbabura, específicamente en la zona de Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí, parece no llegar a su fin.
A pesar de que hace un poco más de un año se logró sacar del lugar a cerca de 5.000 personas que se dedicaban a actividades ilegales en torno a la minería, a través del decreto de un Estado de Excepción en la zona, pequeños grupos se niegan a abandonar por completo esta actividad y han intentado ingresar nuevamente.
Los últimos casos se dieron la semana pasada. Según información de las Fuerzas Armadas, en un operativo desarrollado el viernes, se logró desalojar a un grupo de 10 personas que realizaban actividades de minería ilegal en el sector denominado ‘Y de Cristal’.
“La operación se ejecutó en coordinación con la Policía Nacional, tras detectar el ingreso de personas sospechosas hacia la zona minera norte, en el kilómetros 14,2, cerca de la parroquia La Merced de Buenos Aires”, explicaron.
Quienes estuvieron a cargo del operativo mencionaron que, al inspeccionar el sitio, se encontró un inmueble de madera, donde estaban las 10 personas: siete de nacionalidad ecuatoriana, un colombiano y dos venezolanos, aparentemente listos para retomar las actividades mineras de forma ilegal.
Los militares, en este espacio, decomisaron lo que ellos consideran evidencias de la ilícita actividad, como radios, machetes, cuchillos, linternas, cargadores eléctricos, cascos y un generador de energía.
“El material se entregó a las autoridades policiales y los ciudadanos fueron desalojados del lugar”, agregaron, en un comunicado, desde las Fuerzas Armadas.
Otro caso similar se dio el martes de la semana pasada, en una operación nocturna para monitorear la zona de Buenos Aires, donde los efectivos de la Brigada de Infantería 31 Andes y del Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi, decomisaron 40 sacos de material minero.
En este último operativo no se encontró a ninguna persona, sin embargo la muestra de los bultos con el material listo para ser transportado da cuenta que la explotación ilegal continúa, aunque en menor escala que hasta 2019.
De igual manera, otro de los controles con la mayor cantidad de evidencias recabadas sobre la continuidad de la actividad ilegal se dio casi al iniciar la pandemia, a finales de marzo, donde se detuvo a seis personas mientras transportaban y almacenaban bultos sujetos a decomiso.
Aquel día, se incautaron equipos y herramientas, así como 1.100 sacos de material mineralizado, donde se determinó que sus componentes están asociados al oro.
Desde 2017, aproximadamente, comenzaron las primeras actividades ilegales en Buenos Aires, llegando a su punto máximo en 2019.La minería ilegal es un delito penado en el Código Integral Penal, que en su artículo 260 sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años a quien extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros sin los permisos requeridos por la ley. Cuando se trata de minería artesanal la sanción es de uno a tres años.
Montaron todo un sistema
La agencia de control minero del Ecuador, después del decreto de Estado de Excepción firmado por el presidente Lenin Moreno, el 01 de julio de 2019, en dos semanas decomisó 2.800 bultos de material mineralizado y 327 máquinas empleadas en minería ilegal en Buenos Aires.
Entre los equipos constaban generadores, taladros, soldadoras y motores eléctricos, bombas de agua, poleas metálicas, crisoles, tanques de oxígeno, entre otros, desmantelando toda una estructura que se había formado en la zona.
Incluso, se dijo que durante la intervención se encontró material mineralizado triturado y recién fundido, piscinas con desechos químicos y residuos mineros (relaves) utilizados para la obtención de barras de oro. Además se evidenció indicios de trabajo con cianuro, soda cáustica, ácido nítrico y mercurio, químicos altamente contaminantes.
Militares reactivaron las poleas para sacar todo el material
El 03 de junio, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ingresó a la zona de Buenos Aires para iniciar los trabajos técnicos y logísticos para el traslado del material decomisado, que había quedado en el lugar desde el 2019.
Después de 44 días de labores, concluyó el traslado de alrededor de 13.000 bultos, con la participación de 70 uniformados. El proceso finalizó con la entrega de este material al Estado, para que lo pueda comercializar y generar ingresos para las arcas públicas.