Alberto Pincay, presidente del Consejo Nacional de Rehabilitaci, organismo que estcompuesto por seis personas, dio en el clavo al afirmar (en una entrevista concedida a este medio) que en la reforma a la ley del cigo penal y ejecuci de penas, lamentablemente no hubo un criterio tnico en las reformas. «Se necesita una coherencia entre la realidad del sistema carcelario y las normas vigentes», dijo.
Como una especie de profec, lo dicho por Pincay y por otros expertos m, se estcumpliendo al pie de la letra. En la actualidad, el Ecuador cuenta con una poblaci carcelaria de 9 mil 290 reos, los que cumplen sus condenas, en 33 centros de rehabilitaci social. De este nero, solo tres, el penal Garc Moreno de Quito, la Penitenciar del Litoral de Guayaquil y El Rodeo de Portoviejo, son prisiones, el resto de construcciones son casas adecuadas como centros de reclusi.
Duro combate a la corrupci
Al actual Consejo de Rehabilitaci Social le ha tocado la tarea difil de resolver el hacinamiento humano al interior de las prisiones y diser, ahora s una verdadera polica de rehabilitaci social.
Pero no todo es malo. El Gobierno estempedo en hacer las cosas bien y va por buen camino.
Personas que est al tanto del problema alaban la actitud de Pincay, quien en menos de dos meses, seg dicen, prticamente ha tomado la sart por el mango.
La corrupci que hab en la Direcci de Rehabilitaci Social, ha desaparecido por completo. Queda otro trabajo muy fuerte y es combatir la corrupci al interior de las cceles. Pincay dijo que pondrel sistema en orden, porque tener una administraci eficiente, es parte de esa nueva polica.
Pincay recordque la Direcci de Rehabilitaci Social ten un dicit de m de $ 2 millones y en la actualidad eso se ha bajado al 50%.
Cada centro tramita
Al parecer el problema en la tramitaci de la libertad de los reos estar en la propia Direcci de Rehabilitaci Social. En ese organismo dijeron que cada centro tramita la libertad de los presos.
La carpeta del reo llega entonces al centro de diagntico y evaluaci, en donde en base a tres paretros: conducta, comportamiento y trabajo, califican la solicitud de pre libertad de cada aspirante.
En diagntico manifestaron que este trabajo lo realizan en 15 ds, como mimo. De igual forma, aseguraron que no todos los reos se ganan una buena calificaci. En relaci a los presos por narcotrico, el organismo encargado de conocer la solicitud de pre libertad, es el Consejo de Rehabilitaci Social.
Mientras el pa espera por una verdadera polica de rehabilitaci, al interior de las cceles se vive un drama: el hacinamiento humano, con sus secuelas de violencia y corrupci. (HC)
Ley del «2 x 1» favorece a reclusos
Frente a los hechos registrados en el ex Penal Garc Moreno, el ministro de Gobierno, Mario Canessa, dijo que sigue vigente la Ley «2 x 1» que favorece a los reclusos en la reducci de la condena.
Por eso, hace dos semanas, el ministro encargal director de Rehabilitaci Social, Car Gutirez, solicitar al Consejo de la entidad para que contin el cculo de las sentencias de los reclusos con el sistema «2 x 1», que fue avalado por el pronunciamiento del Procurador desde 1997.
Canessa ha expresado su preocupaci por los hechos registrados en el mayor centro carcelario de Quito y ha solicitado a la Polic mayor protecci en los alrededores de los recintos penitenciarios.
Astambi ha manifestado su aspiraci para que a la brevedad posible exista el pronunciamiento sobre la interpretaci de la referida ley de parte de la Corte Suprema de Justicia, puesto que «es necesario reglamentarla debidamente, para evitar perspicacias de los abogados defensores de los reclusos que desean beneficiar a sus clientes de esta reducci de penas».
Se ha previsto que Car Gutirez se rea con varios diputados con quienes analizarla viabilidad para que el Congreso Nacional pueda pronunciarse sobre este tema «que ha trao varios dolores de cabeza a quienes estamos al frente del Centro de Rehabilitaci Social», dado que los reclusos aprovechan la ley existente y desean beneficiarse de una norma que no tiene reglas claras. (SE)
Evaluar situaci
La presidenta de la Comisi de Derechos Humanos del Congreso, Mar Augusta Rivas, admitique los internos del ex penal Garc Moreno «viven en condiciones infrahumanas, que no se compadecen con la dignidad de personas». Por esa raz indicque gestionarante el gobierno central la inmediata atenci de los centros penitenciarios del pa.
«Se necesita una verdadera polica de rehabilitaci social, puesto que hoy las cceles son centros de perfeccionamiento del delito», expresal anticipar que delegados de la Comisi DDHH analizan una eventual visita de las cceles del pa para evaluar la realidad penitenciaria.
La parlamentaria dialogcon la directora del Garc Moreno y dirigentes de los presos, quienes buscan bicamente que se mejoren las condiciones y la aplicaci de reducci de penas. Al respecto, la legisladora guardprudencia por considerar que es un tema que corresponde analizar y resolver en las instancias juricas.
Si bien la situaci de las cceles y la aplicaci de medidas correctivas corresponde a la Direcci Nacional de Rehabilitaci Social, la legisladora considerque se puede visitar varias cceles del pa para conocer de primera mano la realidad en que viven miles de internos.
Ds atr se denuncique la ccel 2 de Quito cuenta con capacidad para no m de 300 internos, pero en la actualidad contar con m de 750 presidiarios. La misma realidad se estar viviendo en Guayaquil, Ambato, Cuenca. (NCH)
No hay nada que interpretar
Para el penalista quite, Enrique Echeverr, no existe nada que interpretar en las timas reformas al Cigo de Ejecuci de Penas, por las cuales se introdujo el «diez por uno», en lugar del «dos por uno».
Hasta el 17 de mayo de 1996, en el sistema penitenciario del pa exist la posibilidad de rebaja de penas hasta de tres meses cada a, que luego cambipor 180 ds (seis meses) anuales, hasta que la iniciativa socialcristiana modificel citado Cigo introduciendo rebajas de 180 ds por cada cinco as o 360 ds por cada diez as.
Enrique Echeverr es categico en selar que la reforma legal es clara y precisa, porque ta derogexpresamente la denominada ley del «dos por uno». Por tanto, agreg quienes hasta el 28 de septiembre de 2001 estaban detenidos por alguna causa penal, tienen derecho a las rebajas que se daban a trav de la ley del «dos por uno», no aslos que ingresaron posterior a esa fecha.
Para este penalista, la persona que ha cometido un delito tiene y debe estar aislado de la sociedad el mayor tiempo posible para que no siga cometiendo delitos, pero que desde el punto de vista de los derechos humanos, tas son personas que necesitan de una nueva oportunidad, siempre que se hayan rehabilitado, lo cual precisamente no ocurre en nuestras cceles.
En tanto que, el constitucionalista Ernesto Lez, dice que en la Constituci (Art. 24, numeral 2) existe un principio que habla de que las leyes siempre deben ser favorables al reo e incluso con la posibilidad de que se apliquen con retroactividad.
Este artulos dice: «En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicarla menos rigurosa, aun cuando su promulgaci fuere posterior a la infracci; y, en caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicaren el sentido m favorable al encausado». (LC)