La destitución de Glas deberá resolverla la Asamblea

SITIO. Glas guarda prisión en la cárcel número 4 de Quito.
SITIO. Glas guarda prisión en la cárcel número 4 de Quito.

La Contraloría resolvió su salida, pero termina siendo solo un pedido. La defensa de Glas rechaza decisión.

La Contraloría sancionó con la destitución de Jorge Glas, vicepresidente de la República, y le impuso una multa de 5.840 dólares. Esto, según su resolución, al confirmarse su responsabilidad administrativa culposa en la contratación de prestación de servicios para la explotación petrolera del bloque Singue.

La notificación de la Contraloría se cumplió ayer en la cárcel 4 de Quito, donde Glas mantiene prisión preventiva por un presunto delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.

Según la resolución, cuando Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera como Ministro de Coordinador de Sectores Estratégicos incurrió en desviaciones administrativas, como la convocatoria a licitación sin certificación del mapa de bloques petroleros. El segundo mandatario tuvo 30 días para presentar pruebas de descargo; sin embargo, pese a ellas, se confirmó la acción administrativa, según se conoció extraoficialmente.

Sin embargo, Glas tiene aún 60 días para presentar ante la Contraloría un recurso de revisión.

Criterios

El excontralor Marcelo Merlo asegura que, por orden constitucional, la destitución del Vicepresidente solo se puede cumplir a través de un juicio político sustentado en la Asamblea.

Aunque la Contraloría tiene potestad de destituir a un funcionario público, para hacerlo tiene que poner en conocimiento de la autoridad nominadora. “Por ejemplo, participa a un determinado Concejo cantonal que tiene que destituir al Alcalde. Participa a un ministro que tiene que destituir a un funcionario”, especificó Merlo.

5.840
dólares le impuso a Glas como multa la Contraloría. En el caso de Glas, quien es autoridad de elección popular, no habría una autoridad nominadora en concreto.

El constitucionalista Medardo Oleas coincide en que la decisión de la Contraloría no es de ejecución inmediata. “Lo que ha hecho la Contraloría es el pedido de la sanción máxima, pero no la ejecuta”, aclaró.

A través de su cuenta de Twitter, la asambleísta Sofía Espín (PAIS), opinó que la resolución no tiene fundamento jurídico ni constitucional porque la autoridad nominadora es el pueblo. “Peligra estado de derecho, hay arrogación de funciones del Contralor al tomar una resolución que solo le compete a la Asamblea”, consta en el tuit.

Durante una reunión que mantuvo el presidente, Lenín Moreno, con su gabinete, un grupo de asambleístas y otros militantes de Alianza PAIS para impulsar el Sí en la consulta popular, el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, aclaró que están valorando el alcance de la resolución. (HCR/DAB)

La defensa de Glas

Por la tarde, el abogado de Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, ofreció una rueda de prensa desde Guayaquil. “La resolución es una burla al derecho, absolutamente nula y carente de eficacia jurídica, porque Jorge Glas no ocupa ese puesto público, él es Vicepresidente de la República desde 2013 y electo el 2 de abril, por tanto, está sujeto a la supremacía constitucional”, dijo.

4
años lleva Glas en la Vicepresidencia. Argumentó que el ente de control no tiene facultades legales para destituir al Vicepresidente. “La Ley establece que la autoridad nominadora es la que debe ejecutar una destitución y la autoridad nominadora es el pueblo”, señaló. Franco Loor indicó que la decisión de la Contraloría además de política es burda. “Vamos a presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso de lo Administrativo para que se deje sin efecto la resolución”, reiteró.

Minutos después, llegó a La Hora un boletín del Vicepresidente en que se refiere en términos similares a los que hizo su abogado.

“Ya no parece ser coincidencia –dice Glas- que este nuevo ataque a mi persona se da en el preciso momento en que un grupo de compañeras asambleístas presentaron una acción de protección en contra del decreto 176, que dispuso el encargo de la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña, a pesar de que, constitucionalmente y administrativamente, me encuentro en uso legítimo de mis vacaciones”, comentó.