Redacción LAHORA.COM.EC
Inredh, organismo no gubernamental de Defensa de Derechos Humanos lamentó la tarde de este martes 17 de octubre el pedido de la Fiscalía de solicitar el archivo de los expedientes en contra de la empresa minera china Ecuacorriente por presuntos delitos de terrorismo que habrían cometido en mayo de 2914 y septiembre de 2015 con el desalojo de poblaciones y destrucción de inmuebles.
“Desalojaron y destruyeron bienes inmuebles en territorio colectivo protegido por la constitución del Ecuador Vigente desde el 2008”, señala Inredh en un comunicado que cuestiona la mencionada solicitud firmada por el fiscal del cantón El Pangui, de la provincia de Zamora Chinchine, Romel Wilfrido Jumbo Chuqimarca.
“Han pasado más de tres años y los hechos continúan en la impunidad y más cuando hay esta solicitud de archivo”, según el abogado del organismo, Tarquino Cajamarca.
Cajamarca cuestionó los argumentos del fiscal de que los testimonios recolectados y las pruebas no logran probar la existencia de un delito ni tampoco ubicar a los responsables”.