Los gobiernos latinoamericanos «sacrificaron» los derechos humanos en la regi en «nombre de la seguridad» en 2003, interpretando «seguridad» en tminos estrechos que excluyen como amenaza otros asuntos m apremiantes como el hambre, la pobreza y la salud, indicAmnist Internacional en su informe 2003.
La «guerra contra el terrorismo» de Washington, que seg AI se lleva a cabo con medios «indiscriminados y fuera de proporci», permea toda la regi.
En Colombia, policas de seguridad adoptadas en 2002 «continn exacerbando severas crisis humanitarias y de derechos humanos», en las cuales han muerto o desaparecido «miles de civiles», o han sido secuestrados por «las fuerzas armadas, los paramilitares apoyados por el ejcito o los grupos armados de oposici».
La iniciativa del gobierno de crear una milicia de soldados campesinos o civiles informantes amenaza con «arrastrar m a los civiles hacia el conflicto» interno colombiano, de m de cuatro dadas.
Razones de seguridad nacional tambi esgrimiCuba para detener en marzo de 2003 a 75 disidentes internos que fueron condenados hasta a 28 as de prisi, que AI considera «prisioneros de conciencia» y pidisu liberaci.
Pero aparte del «terrorismo», hay otras amenazas apremiantes a la seguridad de la regi, que no han sido interpretadas apropiadamente por los gobiernos, seg AI.
Unas 220 millones de personas (43% de la poblaci) viven en la pobreza en Latinoamica y el Caribe, y una de cada cinco en extrema pobreza, seg cifras de la Comisi Econica para Amica Latina y el Caribe (CEPAL).
Uno de cada cinco menores de 5 as padece desnutrici crica, la distribuci de la tierra todav no es equitativa y los precios cada vez menores de las exportaciones mantienen a la regi en la pobreza.
Fueron estas condiciones de vida las que provocaron una revuelta en Bolivia que derrocal presidente Gonzalo Schez de Lozada tras 80 muertos; y a inicios de 2004 el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide corrila misma suerte.
Mientras tanto, Estados Unidos impulsa el ea de Libre Comercio de las Amicas (ALCA) y «otros acuerdos similares que provocaron respuestas hostiles de muchos sectores de la sociedad civil» preocupados por su impacto en los derechos econicos, sociales, culturales, laborales, ambientales, de acceso a la salud y servicios plicos, indicAI.
Marchas particularmente violentas contra el ALCA se registraron en Replica Dominicana y Estados Unidos, reprimidas con «fuerza indiscriminada por parte de la Polic», y motivaron declaraciones de estados de excepci en Pery Ecuador.
Campesinos que se oponen a la explotaci de los recursos nacionales por parte de corporaciones transnacionales arriesgaron su seguridad tambi en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mico y Paraguay, seg el documento.
Situaci en Ecuador
EFE, Madrid.-
La impunidad policial en casos de torturas y malos tratos fue una constante durante 2003 en Ecuador, donde continuaron las amenazas contra los indenas en zonas petroleras, seg el timo informe de Amnist Internacional (AI).
El informe de Amnist, sela que la utilizaci de tribunales de la polic para juzgar a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violar los Derechos Humanos fue un motivo de «preocupaci».
«Los agentes de polic juzgados ante estos tribunales por delitos como torturas y malos tratos soln quedar sin castigo», sela AI, que en octubre presentun informe sobre este asunto.
Amnist dice que acogicon satisfacci el compromiso de las autoridades de introducir cambios para evitar que la propia polic juzgue a sus miembros, pero que esta disposici queden entredicho con declaraciones del comandante general de la Polic Nacional.
El informe sela que en Ecuador «la tortura y los malos tratos a detenidos y presos siguieron siendo prticas generalizadas. Hubo casos de vtimas y familiares de vtimas que fueron intimidados y amenazados tras presentar denuncias de abusos», ade el apartado sobre Ecuador.
Cricas a EEUU
El informe de AI, titulado este a «Resonaron las voces de los jam escuchados», repasa la situaci de las personas detenidas de forma indefinida en Guantamo sin cargos ni juicio por su presunta relaci con Al Qaida y las torturas a presos en Afganist e Irak.
La organizaci presta especial atenci a que en la base naval en la isla de Cuba «ninguno de los allrecluidos ha sido acusado o juzgado, ni ha tenido acceso a abogados, a sus familiares o a los tribunales» y recuerda que entre los detenidos hay nis de 13 as.
Un total de 65 personas fueron ejecutadas en EEUU en 2003, lo que eleva 885 el nero total de presos ejecutados desde que la Corte Suprema levantla suspensi a la pena capital en 1976.