Las autoridades de la entidad dicen que la Contraloría no las han notificado, ni ha seguido el debido proceso.
“La Contraloría cometió muchos errores. No nos notificó con la modificación del examen especial. En qué parte del mundo se puede juzgar a una persona sin haberlo notificado de los procesos administrativos judiciales”, enfatizó Gustavo Villacís en la rueda de prensa que ofreció en la sala de sesiones de la Universidad Nacional de Loja (UNL).
Agregó que no tomaron en cuenta para resolver la determinación de responsabilidades administrativa culposa las pruebas de descargo que presentaron junto a Martha Reyes, “y resolvieron que éramos culpables, sin considerar las pruebas de descargo”, agregó y ponderó “es más de lo mismo del Gobierno anterior”.
Hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que no continúen acciones similares, “que no se persiga a quienes nos opusimos al anterior régimen. Esto es venganza porque no les permitirmos ingresar a la Universidad para tomarse el Gobierno de la institución. Se autoimpusieron un recurso de revisión que no está en ninguna parte de la Ley”, manifestó.
Martha Reyes Coronel, dijo que esta acción ha sido una de las nuevas estrategias del proceso de intervención “para intentar tomarse el Gobierno legítimo de la UNL. Las autoridades aquí presentes terminamos nuestro periodo el 4 de julio de 2019”, puntualizó.
Denuncia
Darío Peñarreta, asesor del rectorado, dijo que mucho se ha dicho que la resolución de la Contraloría tendría ejecución, “la Contraloría se dio cuenta que cometió un error al no revisar la contestación que presentaron el rector y vicerrectora”, aseveró y alegó que emitieron de oficio un recurso que no habría sido presentado por el rector y la rectora.
En tal razón asegura que para tratar de subsanar dicho error por parte de la Contraloría, “para que no se les cayera en un juicio contencioso administrativo, que es lo que se piensa de parte de la institución, hicieron el proceso de recurso de revisión de oficio”, agregó.
Dice que los notificaron días después y que en la misma resolución aclara que no puede ser ejecutada por cuanto puede ser impugnada en el Contencioso Administrativo, “Ahora estamos en eso”, afirma.
Franco Jaramillo, profesional del derecho, dijo que le preocupa cómo se ha desarrollado el examen especial “desde su titulación hasta las consecuencias jurídicas”, enuncia y adiciona que hay vulneraciones que afectan a la Universidad, al ordenamiento jurídico del Estado, a la institucionalidad y la Constitucionalidad del país. (DVL).
TOME NOTA
Se dijo que están tratando de regularizar las actividades académicas y administrativas a partir de la designación adecuada de los funcionarios.
EL DATO
No se pudo acceder a un pronunciamiento del interventor Juan Manuel García