El pasado 17 de mayo, el fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Errol Elizalde formuló cargos contra los guardaparques Fernando F. G., y Daniel T. T., por presunto delito de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico de especies. El juez Ramón Abad Gallardo dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra ambos ciudadanos, su presentación periódica ante autoridad judicial y la prohibición de salida del país.
El pasado 27 de septiembre se registró el robo de 123 crías de tortugas gigantes en el centro de crianza “Alfonso Tupiza”, ubicado en la isla Isabela. El fiscal Elizalde investiga si los autores de estas infracciones son los propios funcionarios del Parque Nacional Galápagos en asociación con traficantes internacionales.
“Se logró determinar que las tortugas fueron sustraídas en forma sistemática desde hace mucho tiempo. Podría tratarse de una organización que operaría entre las personas que estaban en la obligación de cuidar, controlar y supervisar las actividades en esa entidad”, señaló.
La investigación señala que la entidad pública reportó la sustracción de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri tres días después del suceso. Las autoridades tampoco presentaron una denuncia por un faltante de tortugas en 2017, y los documentos proporcionados por el Parque Nacional mostrarían inconsistencias. Finalmente, se incluyó la triangulación de llamadas telefónicas entre funcionarios del parque y otros ciudadanos.