Una semana después de haber allanado las principales sedes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Gobierno se enfoca ahora en recoger denuncias sobre cobros no autorizados que habrían sido realizados por el gremio a docentes.
Según el subsecretario de Educación, Fernando Yánez, son por lo menos 2.500 reclamos que ya se han presentado ante la comisión que fue dispuesta por el Régimen para encargarse del proceso de liquidación de la UNE.
“Tenemos el caso de profesores jubilados que dicen que se les descuenta del sueldo, (de) lo poco que es, cinco dólares mensuales, entonces ellos quieren que no se les descuente”, manifestó el funcionario.
La presidenta de la UNE, Rosana Palacios, dijo que esas denuncias tienen que ser comprobadas, pues dijo que tiene conocimiento que “al puro estilo correísta de manipulación y engaño” se envían correos a los educadores “diciendo que van a devolver el dinero mal descontado”.
“Están tratando de justificar la venta de los bienes”, expresó, tras preguntarse si en realidad quienes piden la devolución de los cobros son de la UNE o miembros activos. “Tienen la información que la asaltaron, entonces que les respondan”, apuntó.
Recurso pendiente
El gremio presentó una acción de protección ante la disolución y allanamiento de sus bienes, pero Yánez aseveró que “todo lo que se ha hecho es actuar en derecho” por parte del Ministerio de Educación.
“Ellos pueden existir, registrarse las veces que quieran pero siempre hay que cumplir con las normas legales”, puntualizó, al indicar que desde 2014 esta organización no cumplió con el registro de su directiva y que esto motivó su disolución. (RVD)