La Fiscalía ha recibido tres denuncias sobre asambleístas que cobraban el ‘impuesto al trabajo’ a sus exasesores. El fiscal general, Paúl Pérez Reina, informó ayer que la próxima semana emitirán las órdenes de trabajo para llamar a testigos e inspeccionar los documentos remitidos.
“También trabajaremos de la mano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en estas investigaciones”, indicó.
Hasta ahora, en la Fiscalía, reposan los casos de los exasambleístas Ángel Vilema y Leandro Cadenas. Ayer se incluyeron los de Karina Arteaga y Sebastián Palacios.
Acerca de este último caso, el abogado Gonzalo Realpe, representante del denunciante, Washington Añasco, indicó a puertas de la Fiscalía: “Esto es un gravísimo acto de corrupción”.
Realpe aseguró que tiene videos y copias de chats de conversaciones entre Añasco y Palacios, donde el asambleísta pedía que su carro fuera reparado gratis en en el taller mecánico de Añasco, a cambio de un puesto como asesor dentro de su equipo en la Asamblea. “Palacios, desde su campaña electoral, le ha pedido a mi cliente favores económicos. La deuda asciende a 17.000 dólares”, apuntó Realpe.
Palacios respondió ayer a estas acusaciones antes de entrar a la sesión del Pleno del Legislativo: “Conozco al denunciante. Al igual que muchos otros ciudadanos nos apoyó en la campaña de 2017. Vuelvo a aclarar que jamás he recibido ni un solo centavo de este señor. Más bien, él me llamó en distintas ocasiones pidiendo favores que nunca cumplí, siguiendo mi ética profesional”.
Andrea Utreras, una de las primeras denunciantes, formalizó ayer su queja sobre la asambleísta Karina Arteaga. (JDC)