La familia de Froilán Jiménez, policía fallecido el 30-S, presentó antes de ayer una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano.
Su pedido se da después de que la Fiscalía, tras cinco solicitudes de la jueza Ximena Rodríguez, todavía no presenta un dictamen fiscal en contra de los dos procesados, el mayor Vicente N. y el teniente Wilson R. A pesar de que ya pasó el plazo de cinco días desde el cierre de la instrucción fiscal el 10 de enero.
Además, porque las Fuerzas Armadas no desclasificaron la información del operativo de evacuación del expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
La Fiscalía, durante la instrucción fiscal, insistió en que se desclasificaran los datos de los voluntarios que participaron en el operativo, para determinar quién estuvo detrás del vehículo desde donde salió la bala que mato a Jiménez.
Tanto Edwin Romero, abogado de la familia de Jiménez, como Sandra Jiménez, su hermana, creen que es una “burla” lo que ha hecho la Fiscalía en la investigación.
Proceso judicial
El fiscal José Maldonado tenía plazo hasta ayer para emitir un dictamen abstentivo o acusatorio en contra de los procesados. La jueza le dio el último plazo para hacerlo antes de tomar medidas que podrían terminar en sanción.
Después de que finalizó la instrucción, el caso estuvo sin fiscal debido a que Maldonado dijo que Salazar debía asumirlo, pero él dijo que no tenía las competencias. Finalmente, la Coordinación Misional de la Fiscalía determinó que Maldonado es el responsable. (AGO)