Redacción GUAYAQUIL
Diversas empresas chinas adjudicatarias de obras públicas, en el régimen del entonces presidente Rafael Correa, no están fuera de la fiscalización, en esta nueva etapa política del país.
De ahí se desprende que firmas como las constructoras Harbour Enginereing Co. (Chec) y Road And Brige Co., (Crbc), ambas subsidiarias y vinculadas hoy enfrentarían problemas en la contratación y ejecución de importantes obras de infraestructura financiadas con garantía soberana del Estado.
Uno de los casos está relacionado con al proceso de contratación del dragado del sitio El Palmar, en Guayas. La Prefectura Provincial, a través de esa obra busca dragar dicho islote Palmar 16 hectáreas, entre Guayaquil y Durán.
Para esto, la empresa china, a pesar de no contar con el financiamiento en firme, el Gobierno le entregó 20 millones de dólares como anticipo y una garantía de 44 millones al prefecto Jimmy Jairala, quien el pasado 17 de octubre, cuando vencía el plazo para la ejecución del proyecto contratado por 64 millones de dólares, Jairala declaró la culminación del contrato y comenzar un nuevo concurso de ofertas.
El segundo caso, se ventila en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Se trata de un proceso de precalificación para obras de reconstrucción del terremoto de abril del 16 de abril 2016, dejando de lado la participación de empresas nacionales como Verdú, que pretendió asociarse con la china Shandong International Economic & Technical Corporation. La estatal Gezhouba Group Co, elevó quejas sobre la conducción del proceso de contratación.
Luego, se originó un problema porque la empresa mejor puntuada con el primer lugar para adjudicarse los proyectos por un monto de 67’891.858,29 millones de dólares, es CRBC filial y del mismo grupo que CHEC, actualmente involucrada en los problemas de dragado del islote El Palmar. Incluso, Crbc tendría problemas en la construcción de la Solución Vial Guayasamín cuya construcción pasado 4 de abril de 2016.
En el Ministerio de Transporte ésta firma se presentó en asociación con National Electrics Import & Export (Cneie), que no figura en los registros de la Superintendencia de Compañías, como constructora de obras viales que es el objeto a contratarse. Tampoco presentó balances, ni estados financieros exigidos en la invitación.
Esta empresa contrató la ejecución de los PAI 911, y fue examinada por la Contraloría General del Estado, por presunciones de responsabilidad penal en la ejecución de dicho contrato. Respecto de este caso,
La HORA buscó la versión del Ministerio de Transporte y Obras a través del titular del Comité de Selección, Fernando Albán, también lo hizo ante la Dirección de Comunicación de la cartera de Estado, sin recibir respuesta. (DAB)