Pamela Troya fue con un oficio a la Corte Constitucional. También hubo una concentración por el caso Satya.
La lucha por el matrimonio igualitario que impulsan los colectivos Lgbti recobra fuerza en el país, tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue difundida el pasado 9 de enero.
Si bien esta opinión corresponde a una respuesta que el organismo internacional dio a una consulta realizada por Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, hay quienes advierten que Ecuador no puede ignorarlo.
“Sin duda alguna es un elemento sustancial que genera un antes y un después de la situación de la población Lgbti en el continente americano”, expresó José Guerrero, director general de Educación e investigación de la Defensoría del Pueblo.
En su criterio, la institucionalidad del Estado ya no puede seguir actuando de un modo que genere “diferencias en el ejercicio de los derechos” de estas personas, específicamente en temas de conformación familiar y matrimonio.
Pedido
Con una copia del documento en una carpeta, la activista Pamela Troya acudió ayer a la Corte Constitucional para asegurarse de que el texto sea conocido por los jueces y, a su vez, pedirles que “desempolven” algunas causas que allí se tramitan.
De hecho, desde el 9 de diciembre de 2014, ella está a la espera de que esta institución dé una respuesta a una acción extraordinaria de protección que junto con su pareja, Gabriela Correa, presentó, luego de que el Registro Civil se negara a inscribirlas como pareja matrimonial.
El caso debía ser tramitado en 30 días y eso no ha ocurrido, dijo, pese a que en ese entonces la sala de admisión integrada por los jueces constitucionales Manuel Viteri, Antonio Gagliardo y Patricio Pazmiño lo admitió a trámite.
Pazmiño, quien fue el juez ponente de esta causa, ahora ocupa un puesto en el máximo tribunal del continente en materia de Derechos Humanos y su rúbrica consta en el documento que Troya llevó a los magistrados.
Otro caso
En momentos que la activista hizo este trámite, seis de los nueve miembros de la Corte Constitucional estaban reunidos, de forma reservada, conociendo un proyecto de sentencia elaborado por la jueza Tatiana Ordeñana sobre el caso Satya.
Este se relaciona con una acción extraordinaria de protección presentada por las inglesas Helen Bocknell y Nicola Rothon, quienes exigen que el Estado ecuatoriano inscriba con los apellidos de ambas a la niña que la segunda concibió mediante inseminación artificial en el país.
“Satya tiene cinco años, va para seis, ya tiene un hermanito de un año, va a ir a la escuela pero no va a tener un registro porque no existe. Si ella se enferma no puede ir al sistema universal de salud ecuatoriano porque no existe”, indicó Javier Acuña, de la fundación Pakta.
Acuña y los miembros de otras organizaciones que defienden los derechos de las personas Glbti participaron de una concentración frente a la Corte, en donde desplegaron una bandera gigante del arcoíris, símbolo de esta comunidad, e hicieron redoblar sus tambores.
Se retiraron luego de conocer que este organismo había suspendido la sesión, sin una resolución sobre el caso. (RVD)
El antecedente
° La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, emitida el 24 de noviembre del año pasado, señala que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos (…) de la Convención Americana” y que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio”.