El Estado debe recuperar el dinero de la corrupción

PERSONAJES. En la imagen, Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli. (Archivo)
PERSONAJES. En la imagen, Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli. (Archivo)

Alrededor de 33 millones de dólares habría sido el perjuicio al Estado por la corrupción de Odebrecht.

Si bien el tema se viene discutiendo desde hace varios años, fue el exfiscal general Carlos Baca Mancheno quien lo puso nuevamente sobre la palestra, presentando un proyecto de Ley de extinguir el dominio de los bienes productos del crimen organizado y restituir al Estado por los perjuicios de las actividades ilícitas.

En una de sus primeras entrevistas radiales, el nuevo fiscal general (s) Paúl Pérez Reina, expresó su apoyo a ese proyecto de Ley a fin de optimizar la lucha contra el crimen organizado.

Respaldo
La propuesta encuentra respaldo en varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), encuentra que en los casos de corrupción de los últimos meses, incluido el del exvicepresidente Jorge Glas, la gran frustración consiste en que el Estado no ha recuperado ni siquiera “20 centavos”.

Glas, de hecho cumple una prisión de 6 años por asociación ilícita. “Al crear una ley en la que tengamos por lo menos la recuperación quitándoles los bienes directos que no son ni el 1% de lo que se han robado, por lo menos hay algo de reparación”, sostiene.

Otra opinión
El asambleísta socialcristiano Luis Fernando Torres difiere con esta postura. “Conviene que se discuta el proyecto”, dice, “sabiendo que tiene algunas inconsistencias jurídicas graves que pondrían en serio peligro el derecho a la propiedad e inclusive la presunción de inocencia de quienes sin haber tenido sentencia firme ejecutoriada podrían estar expuestos a perder sus bienes”.

En su criterio, ese no es el camino idóneo para combatir el crimen organizado, como sí un buen servicio de Inteligencia y procesamientos judiciales contra los autores de los delitos.

Piensa que el proyecto planteado por el exfiscal Baca, permite comisar bienes de personas cuya culpabilidad no ha sido demostrada aún, y reveer ese punto en el proyecto, sería algo crucial.

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El comiso
La penalista Beatriz Rodríguez tiene la misma preocupación que el asambleísta Torres. De hecho, ella considera que el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene una figura que logra los mismos resultados, sin afectar la presunción de inocencia.

“El artículo 69, numeral 2, que habla del comiso, permite la confiscación de bienes mal habidos u obtenidos de forma ilícita, es decir, aquellos que se obtuvieron sobre todo en la delincuencia organizada, que es lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido estos últimos 10 años”.

La ruta del dinero
Ella considera que, ante este tipo de delitos, lo fundamental es encontrar la ruta del dinero para recuperar los recursos, incluso si están transferidos a terceras personas.

En ese sentido, piensa que no hace falta “una nueva Ley, sino aplicar la actual. Lo que sí se podría hacer es reformar el comiso y ponerle nuevas modalidades, para poder llegar a los bienes ilícitos”, ya que, en el COIP, por ejemplo, no hay la modalidad de comiso equivalente, en casos de que no sea posible recuperar los bienes directamente vinculados al delito y sea necesario hacer comiso de otros bienes que pertenezcan a los autores de los delitos, por un valor equivalente. (MMD)

Protegiendo a los deshonestos

° Sobre el tema, la abogada Beatriz Rodríguez, , ve que la principal diferencia con el proyecto de extinción de dominio, en efecto, es que el comiso respeta la presunción de inocencia.

“No es vía penal y no se necesita comprobar la culpabilidad del acusado, simplemente determinar que el dinero fue obtenido de forma ilícita”, dice, “en lo penal necesitamos la culpabilidad de la persona para poder quitarle ese dinero, pero la pregunta es por qué teniendo una figura que ya contempla algunas modalidades no la hemos utilizado, por qué estamos protegiendo a los corruptos y estamos dejándoles con el dinero”.

Ese es el momento en que la cárcel de Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli, por ejemplo, parecerían una especie de circo romano, carne para los leones y distracciónn para el pueblo, mientras los recursos que el Estado perdió no se recuperan.