El Presidente nombró un nuevo Mando. Para designar al Jefe, desestimó una terna y eligió al segundo de la otra.
La pugna que se generó hace menos de una semana entre el poder político y el militar por los recursos económicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) desembocó ayer en la decisión del presidente, Rafael Correa de cesar anticipadamente en sus funciones a la cúpula de las Fuerzas Armadas y designar a sus reemplazos. El mando militar tenía previsto culminar funciones en abril.
Correa hizo pública su decisión de remover al mando militar a través de su cuenta oficial de Twitter:
“Qué difícil es cumplir la Ley y velar por el bien común. Busquen en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas administrativos”, publicó el mandatario en la red social y agregó: “Con mucho dolor, he tenido que cesar anticipadamente al Alto Mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país”.
Luego mostró su posición de que las pensiones militares están garantizadas en el artículo 370 de la Constitución y aseguró que el Isffa es “hoy más solvente que nunca”.
“Sepa el pueblo ecuatoriano que el gobierno paga anualmente al Issfa cerca de 500 millones ¿Por 41 millones va a quebrar? Además, se trata de una cuestión de principios y en eso seremos inclaudicables, como los verdaderos soldados”, continuó el mandatario.
Fuerte contexto
Su reacción se produjo casi hora y media después de que el entonces Alto Mando militar, encabezado por el jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, y los comandantes del Ejército, Carlos Obando; de la Fuerza Aérea, Raúl Banderas; y de la Naval, Luis Santiago, leyó ante la prensa un comunicado de dos páginas donde rechazaron la decisión de debitar de la caja del Issfa 41 millones de dólares por un presunto exceso en la venta de los terrenos donde se construyó el parque Samanes, en Guayaquil.
“No podemos estar de acuerdo en que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución, en su artículo 372”, dijo Luis Garzón, en lo que fue su última declaración como Jefe de las FF.AA.
En los 6 minutos y 1 segundo que duró la intervención, y en medio de un espíritu de cuerpo de oficiales de las tres ramas de las FF.AA., autoridades del Issfa y personal civil, Garzón sentenció que los recursos de la seguridad social militar le pertenecen a los soldados en servicio activo, pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación.
El oficial reiteró que la transacción de compra-venta de los terrenos de Guayaquil fue legal y debidamente realizada con el Ministerio del Ambiente.
Más oficialismo
Minutos después de este pronunciamiento le prosiguió otro de carácter político en la sede del ministerio de Ambiente.El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera y sus colegas de Ambiente, Daniel Ortega, y de Finanzas, Madeleine Abarca, dijeron que la transacción para la compra de los terrenos no cumple con la Ley y, al ser ilegal, un monto determinado en 41 millones de dólares será debitado de la caja del Issfa a través del mecanismo de compensación de adeudos según el artículo 172 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
“Esto en cumplimiento con lo establecido por la Procuraduría General del Estado, y que en ningún caso afectará las pensiones del personal retirado de las Fuerzas Armadas porque el Gobierno es respetuoso del artículo 370 de la Constitución que dispone que el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las FF.AA. y la Policía”, dijo Rivera. (SC)
Les deben 260 millones
En una rueda de prensa de tres ministros, el coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, reconoció que el Estado adeuda al Issfa 260 millones de dólares.
Sin embargo, aseguró que el Régimen cumplirá con estas obligaciones de acuerdo con la planificación de caja de este año. En una declaración de algo más de tres minutos, las autoridades evitaron las preguntas de la prensa.
Polémica
designación
El presidente, Rafael Correa, dentro de sus competencias y atribuciones, desestimó la primera terna de oficiales de mayor antigüedad dentro de las FF.AA. (integrada por dos militares del Ejército y uno de la FAE), para elegir al sucesor del jefe del Comando Conjunto.
El mandatario decidió acoger la segunda terna conformada por oficiales de la Fuerza Naval.
El vicealmierante Oswaldo Zambrano, segundo de esta terna, fue designado como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.
Y Ángel Sarzosa, el tercero de esta misma lista, fue nombrado como nuevo Comandante de la Fuerza Naval, en reemplazo de Luis Santiago.
Como comandante del Ejército se designó al general de Brigada Luis Castro, actual jefe del Servicio de Protección Presidencial del Palacio de Gobierno. Castro ocupaba el tercer lugar en la lista de oficiales con más tiempo en el Ejército y reemplaza en sus funciones al general Carlos Obando Changuán.
Para comandar la FAE se designó a César Merizalde, en reemplazo de Raúl Banderas. Merizalde ocupa el segundo lugar en la terna de oficiales de mayor antigüedad en esta Fuerza.
cifras
48
millones costó el terreno en Samanes.
10
millones habría sido el avalúo del Municipio de Guayaquil.
41
millones serán descontados por el Estado.